Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo

Ley de Fiscalización

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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas

Documento de consulta

Última reforma aplicada P.O. del 3 de abril de 2014

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder

Legislativo.

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS

ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

D E C R E T O  No. LXI-908

MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social, reglamentaria de la fracción VI, del artículo 58 y 76 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

ARTÍCULO 2.- Es objeto de la presente ley regular la función de fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera pública del Estado y sus municipios, así como de las entidades que dentro del mismo realicen gasto público federal, estatal o municipal, según sea el caso.

ARTÍCULO 3.- La Auditoría Superior del Estado, es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del Congreso del Estado de Tamaulipas. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, presupuestal y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga esta ley.

ARTÍCULO 4.- El Congreso del Estado de Tamaulipas, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, verificará que sus funciones se desarrollen de acuerdo a la presente ley y estará integrada pluralmente.

ARTÍCULO 5.- Para efectos de esta ley, se entiende por:

I.- Auditor: El Auditor Superior del Estado;

II.- Auditoría: La Auditoría Superior del Estado;

III.- Auditorías sobre el desempeño: La verificación del cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o municipales, mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos,  cuantitativos o ambos;

IV.- Avance de la gestión financiera.- El estado que guarda la actividad de los poderes del Estado, municipios, organismos públicos descentralizados estatales y municipales, órganos u organismos con autonomía de los poderes del Estado, mandatos, fideicomisos, fondos, o cualquier otra figura jurídica, respecto a la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos que estos utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos en los programas aprobados, en el periodo que corresponde a una cuenta pública, sujeta a revisión posterior de la legislatura, a través de la Auditoría, a fin de verificar que dicha gestión se ajusta a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como el cumplimiento de los programas señalados;

V.- Comisión: La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del H. Congreso del Estado de Tamaulipas;

VI.- Compulsa.- Requerimiento escrito hecho por la Auditoría a terceros que hubiesen contratado la adquisición o arrendamiento bienes o servicios con las entidades sujetas a fiscalización, con el objeto de confirmar la autenticidad de la operación;

VII.- Congreso: El H. Congreso del Estado de Tamaulipas;

VIII.- Constitución: La Constitución Política del Estado de Tamaulipas;

IX.- Cuenta pública: El informe que suscriben y rinden al Congreso las entidades sujetas de fiscalización, que contiene los estados financieros, contables, patrimoniales, presupuestales y programáticos de acuerdo a sus ingresos y egresos ejercidos o administrados durante el ejercicio fiscal correspondiente, conforme a los criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad,  comparación y con base en los atributos de oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa;

X.- Daño: Pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización, por el incumplimiento de una norma o disposición jurídica;

XI.- Deuda pública: Obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo de las entidades señaladas en la fracción siguiente de este artículo;

XII.- Entidades sujetas de fiscalización:

a).- Poderes del Estado: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus órganos y dependencias;

b).- Gobiernos municipales: Los Ayuntamientos del Estado;

c).- Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales;

d).- Empresas y fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de las entidades citadas en los incisos a), b) y c) de esta fracción, mandatos o cualquier otra figura jurídica que hayan recibido o ejercido por cualquier título recursos públicos;

e).- Órganos u organismos con autonomía de los Poderes del Estado; y

f).- En general, cualquier persona física o moral que por alguna razón reciban, administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título fondos o valores del sector público;

XIII.- Gasto público: Las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física o financiera, así como pago de pasivos o deuda pública que realicen en la esfera de su competencia, las entidades señaladas en las fracciones anteriores;

XIV.- Entidades públicas: Todos los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos o instituciones que administren fondos o valores públicos, cualquiera que sea la forma o estructura que adopten;

XV.- Fiscalización: Es la revisión y análisis de la cuenta pública de una entidad sujeta de fiscalización que realiza el Congreso a través de la Auditoría para efecto de evaluar si su gestión financiera se realizó con apego a la normatividad, programas y objetivos de la administración pública y verificar la documentación;

XVI.- Fondos y valores públicos: Todo numerario que sea propiedad de las entidades sujetas de fiscalización, provenientes de los conceptos previstos en las leyes de los ingresos, decretos o acuerdos, que rijan en materia de asignaciones, subsidios, concesiones, participaciones o por cualquier otro concepto análogo;

XVII.-Informe de resultados: Documento que presenta el Auditor Superior del Estado a la Comisión, conteniendo los resultados de la fiscalización;

XVIII.- Ley General: Ley General de Contabilidad Gubernamental;

XIX.- Periódico Oficial: Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas;

XX.- Pliego de observaciones: Documento previo al informe de resultados, a través del cual se dan a conocer a las entidades sujetas de fiscalización, las deficiencias e irregularidades determinadas, así como las recomendaciones procedentes, para efecto de que sean solventadas;

XXI.- Pliego de responsabilidades: Documento que identifica la presunta responsabilidad de los infractores y fija en cantidad líquida el monto de los daños y perjuicios al patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización;

XXII.- Programas: Documentos gubernamentales que contienen las estrategias y compromisos del Estado, Municipios y Entidades para el cumplimiento de los Planes de Desarrollo, y que tienen asignado un rubro presupuestal;

XXIII.- Perjuicio: Privación de cualquier ganancia o rendimiento lícito que se dejó de obtener en el patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización, por el incumplimiento de una norma o disposición jurídica;

XXIV.- Servidores Públicos: Los que se establecen en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y en los demás ordenamientos legales aplicables;

XXV.- Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; y

XXVI.- Solventación: Es el acto de presentar para su  valoración la documentación, información, justificación, argumentos o correcciones suficientes que aclaren las observaciones hechas por la Auditoría.

ARTÍCULO 6.- Las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo por o ante la Auditoría, se practicarán en días y horas hábiles. Son horas hábiles, las comprendidas entre las 8:00 y las 20:00 horas.

La Auditoría podrá habilitar los días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen diligencias, excepto cuando se inicie en horas hábiles, en cuyo caso podrá concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa de fuerza mayor, caso fortuito, por necesidades de servicio o a juicio del personal que lleve a cabo la actuación o diligencia.

Para efectos de esta ley, son hábiles todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos, el 1° de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1° de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1° de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre; así como los días en que tenga vacaciones generales la Auditoría.

Los plazos referidos en meses y años, se computarán en días naturales.

En las obligaciones que deban cumplirse en fecha determinada y ésta sea inhábil, se considerará como tal el día hábil siguiente.

ARTÍCULO 7.- En las actuaciones o diligencias practicadas por o ante la Auditoría, los plazos comenzarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente y se contará en ellos el día de su vencimiento.

ARTÍCULO 8.- Las notificaciones surtirán efectos el día hábil siguiente a aquél en que hayan sido practicadas en cualquiera de las siguientes formas:

l.- Personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones administrativas emitidos por la Auditoría, que puedan ser recurridos.

Las notificaciones que se realicen a los servidores públicos en funciones por conducto de la oficialía de partes o su equivalente de la entidad sujeta de revisión al que se encuentren adscritos, se entenderán legalmente efectuadas cuando en el documento correspondiente obre el sello de recibido de tal oficina;

ll.- Por correo ordinario o por telegrama cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior. Se podrá usar el teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que a juicio de la Auditoría se estime conveniente del cual se dejará constancia; en el mensaje se expresará con toda claridad el asunto de que se trate, nombre de los interesados, fundamento de la providencia y aviso de que se notificará por oficio o personalmente la comunicación;

lll.- Por edicto, cuando se desconozca el domicilio o en el caso de que la persona a quien deba notificarse, se ignore su paradero o domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal.

Las notificaciones por edicto serán publicadas por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial;

IV.- Por estrados, cuando no se cumpla con la obligación de señalar domicilio en la capital del Estado de Tamaulipas y en los casos de no informar oficialmente el cambio de domicilio;

V.- Por exhorto, requisitoria o rogatoria cuando tuviere que practicar la notificación, fuera del ámbito territorial del Estado de Tamaulipas, se encargará su cumplimiento por medio de exhorto o requisitoria al funcionario correspondiente de la entidad federativa en que dicha diligencia deba practicarse.

Se empleará la forma de exhorto cuando se dirija a un funcionario igual o superior en grado, de requisitoria cuando se dirija a un inferior y rogatoria cuando no exista convenio entre las partes; y

VI.- Por instructivo que se fijará en lugar visible del domicilio, en caso de que la persona que se encuentra en el mismo se negare a recibir la notificación, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia.

ARTÍCULO 9.- La designación y validación del notificador se hará por acuerdo dictado por el Auditor o por alguno de los Auditores Especiales; el servidor público a quien se le encomiende hacer las notificaciones, no podrá delegar esa función.

Las notificaciones personales se harán en el domicilio o centro de trabajo del servidor público implicado o en el último domicilio que el mismo haya señalado. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del notificado, entregar original o copia certificada del documento que notifique y señalar la fecha y hora en que el acto se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente.

Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato; en ambos casos se asentará razón de ello, recabando el nombre y firma de la persona a quien se entregue el citatorio. Si ésta se niega, se hará constar en el acta, sin que ello afecte la validez de la notificación.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de las resoluciones o del acto a notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial y se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Periódico Oficial.

Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que hubieren sido realizadas.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.

En las notificaciones por estrados, se harán fijando el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la Auditoría durante quince días hábiles; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado en el estrado. La Auditoría dejará constancia de ello en el expediente respectivo y se tendrá como fecha de notificación, la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquél en que se fijó el documento.

ARTÍCULO 10.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Recibir el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Auditoría, a efecto de remitirlo al Presidente de la Junta de Coordinación Política, para ser incluido debidamente identificado en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo;

II.- Recibir del Congreso y turnar a la Auditoría para su revisión, las cuentas públicas de las entidades sujetas de fiscalización;

III.- Recibir los informes de resultados de la revisión de las cuentas públicas que le remita la Auditoría para emitir el dictamen correspondiente y someterlo a consideración del Pleno;

IV.- Elaborar y someter a la consideración del Pleno del Congreso, los dictámenes relativos a las cuentas públicas presentadas por las entidades sujetas de fiscalización en los términos del artículo 34 de ésta ley, los que deberán sustentarse en el informe de resultados que remita la Auditoría. Al efecto propondrá el orden en el cual se incluirán en la sesión que corresponda;

V.- Aprobar el programa anual de auditoría que contendrá la relación de las entidades sujetas de fiscalización y la descripción de los distintos procedimientos aplicables en el desempeño de sus funciones que le remite la Auditoría;

VI.- Ser el conducto de comunicación entre el Congreso y la Auditoría;

VII.- Dictar las medidas que estime necesarias para que la Auditoría, cumpla con las funciones que le

corresponden en los términos de la Constitución Política del Estado y de la presente ley; y

VIII.- Recibir de la Junta de Coordinación Política la propuesta de la designación del Auditor Superior del Estado, para su evaluación, dictamen y posterior presentación al Pleno del Congreso, con base en el procedimiento que para efectos de nombramientos establece la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 11.- La Auditoría tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Fiscalizar los ingresos y egresos, administración, custodia y aplicación de fondos, valores públicos y recursos de las entidades sujetas de fiscalización, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos;

II.- Apoyar al Congreso en la revisión de las cuentas públicas y entregar a través de la Comisión el informe de los resultados de dicha revisión;

III.- Vigilar que se cumpla con las disposiciones de la Ley General y verificar si la gestión financiera de las entidades sujetas de fiscalización se efectuó conforme a las disposiciones normativas, en la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;

IV.- Comprobar si la recaudación, administración y aplicación de recursos públicos, los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que las entidades sujetas de fiscalización celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad y si no causaron daños o perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal o municipal, y en general al patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización;

V.- Verificar que las entidades sujetas de fiscalización que hubieren recaudado, administrado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados; así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes, con apego a las disposiciones aplicables;

VI.- Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados a las entidades sujetas de fiscalización se hayan aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados;

VII.- Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, verificando que sean presentadas en los términos de esta ley y de conformidad con la Ley General;

VIII.- Instituir el servicio fiscalizador de carrera con el fin de regular las bases para la planeación, organización, operación, desarrollo, control y evaluación del servicio fiscalizador de carrera del personal de la Auditoría y generar servidores públicos altamente capacitados y con vocación de servicio a la sociedad;

IX.- Investigar, en su caso, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de fondos y recursos de las entidades sujetas de fiscalización;

X.- Ordenar y efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, papeles, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información y toda clase de documentos, archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades establecidas para los cateos;

XI.- Colaborar, para efectos de la fiscalización de recursos federales que ejerzan las entidades sujetas a fiscalización, con la Auditoría Superior de la Federación, en la investigación y detección de desviaciones de dichos recursos;

XII.- Celebrar convenios con autoridades federales, estatales,  municipales y de otras entidades federativas, así como con personas físicas o morales tanto públicas como privadas con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta ley;

XIII.- Determinar, en su caso, los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal y municipal, al patrimonio de las entidades paraestatales y al de los demás organismos; y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Décimo Primero de la Constitución y presentar las denuncias y querellas correspondientes, en términos de la legislación aplicable;

XIV.- Requerir, en su caso, a los prestadores de servicios profesionales que contrate los informes o dictámenes de las auditorías o revisiones por ellos practicadas;

XV.- Requerir, en su caso, a terceros que hubieran sido proveedores de bienes, servicios o beneficiarios de programas por las entidades sujetas de fiscalización, la información y documentación relacionada con operaciones realizadas;

XVI.- Solicitar a las entidades sujetas de fiscalización la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

XVII.- Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica; dicha información será conservada por la Auditoría en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a las autoridades que autoriza la ley de la materia;

XVIII.- Practicar auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias entidades sujetas de fiscalización o en las oficinas de la Auditoría. Igualmente, solicitar información preliminar a las entidades sujetas de fiscalización, para la planeación de la revisión de la cuenta pública;

XIX.- Obtener durante el desarrollo de las auditorías bajo cualquier medio de reproducción copia de los documentos originales que tengan a la vista;

XX.- Fiscalizar la deuda pública en su contratación, registro, renegociación, administración y pago;

XXI.- Solicitar a las instancias de control competentes, en el ámbito de sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las auditorías por ellos practicadas;

XXII.- Fiscalizar la aplicación de los subsidios o estímulos fiscales que las entidades sujetas de fiscalización hayan recibido, cualesquiera que sean sus fines y destino;

XXIII.- Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de sus actos o resoluciones;

XXIV.- Elaborar su proyecto de presupuesto anual;

XXV.- Elaborar su Reglamento Interior y las modificaciones respectivas, debiendo ser publicados en el Periódico Oficial;

XXVI.- Llevar  el registro de los bienes muebles e inmuebles que adquiera de acuerdo a la Ley General;

XXVII.- Aplicar la presente ley e interpretarla en el ámbito administrativo para el ejercicio de las funciones de su competencia; y

XXVIII.- Las demás que expresamente señalen la Constitución, esta y otras leyes del Estado.

ARTÍCULO 12.- A quien por  algún acto u omisión obstaculice o impida que la Auditoría realice los actos de fiscalización que le competen, se podrán imponer  los medios de apremio siguientes:

 

I.- Apercibimiento, consistente en hacer del conocimiento, de aplicar cualquiera de los medios de apremio señalados en las fracciones siguientes;

II.- Desalojo del lugar donde se llevan a cabo las actuaciones de la Auditoría con auxilio de la fuerza pública; y

III.- Multa de trescientos a un mil quinientos días de salarios mínimos vigente en la capital del Estado de Tamaulipas.

ARTÍCULO 13.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria en lo conducente, el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Tamaulipas y el Derecho Común.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 14.- La Auditoría Superior del Estado estará integrada por:

I.-El Auditor Superior del Estado;

II.-Dos Auditores Especiales;

III.-Una Secretaría Técnica;

IV.-Una Dirección de Asuntos Jurídicos;

V.-Una Dirección de Administración y Finanzas;

VI.- Una Dirección de Control y Evaluación;

VII.- Una Unidad de Tecnologías de la Información;

VIII.- Una Unidad de Capacitación;

IX.- Una Unidad de Gestión de Calidad;

X.- Una Contraloría Interna; y

XI.- El personal profesional, técnico y de apoyo administrativo necesario para el cumplimiento de las funciones encomendadas, conforme al presupuesto aprobado.

ARTÍCULO 15.- El Auditor será designado por el Congreso a propuesta de la Junta de Coordinación Política, en los términos establecidos por la Constitución y la ley, para fungir por un período de siete años y podrá ser nombrado para un nuevo período por una sola vez.

El titular de la Auditoría, deberá permanecer en su cargo al término de su período, hasta que el Pleno del Congreso designe al nuevo titular. Si es removido o se ausenta del cargo, será suplido por el primer Auditor Especial.

El Auditor podrá ser removido sólo por las causas graves que señale la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que deberá juzgar y aprobar el Pleno del Congreso por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros presentes. Podrá separarse del cargo por incapacidad legal para ejercer su encargo, o por enfermedad evidente y dictaminada.

ARTÍCULO 16.- Para ser Auditor se requiere:

I.- Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos y residente del Estado de Tamaulipas al menos cinco años anteriores al día de su designación;

II.- Haber cumplido treinta y cinco años de edad para el día de su designación;

III.- Poseer el grado académico de licenciatura dentro del área contable o financiera y haber ejercido la profesión por un término mayor de diez años;

IV.- No desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, durante su encargo excepción hecha de los cargos honoríficos y docentes;

V.- Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

VI.- No haber sido, durante el año previo al de su nombramiento, titular de dependencias o entidades del poder Ejecutivo del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, Magistrado, Presidente Municipal, Gobernador del Estado; y

VII.- Contar al momento de su designación con una experiencia de, al menos, cinco años en materia de control presupuestal, auditoría financiera o de régimen de responsabilidades de servidores públicos.

Para ser Auditor Especial se requieren los mismos requisitos, excepto el de la fracción II.

ARTÍCULO 17.- El Auditor y los Auditores Especiales tendrán las siguientes atribuciones:

Apartado A

I.- Son atribuciones del Auditor:

a).- Representar a la Auditoría ante toda clase de autoridades, personas físicas y morales; así como acordar y resolver las inconformidades y  los asuntos relacionados con sus funciones;

b).- Aprobar los programas de trabajo de auditoría y planear y controlar las actividades relacionadas con la revisión de las cuentas públicas y la preparación de los informes de resultados;

c).- Fijar normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se ordenen, las que se actualizarán de acuerdo con los avances científicos y técnicos que en materia de contabilidad y auditoría gubernamental se produzcan;

d).- Informar a la Comisión, por escrito, de las actividades desarrolladas por la Auditoría durante el ejercicio fiscal, a más tardar el día último del mes de enero siguiente;

e).- Someter a consideración de la Comisión, dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, el programa anual de auditoría a practicar a las entidades sujetas de fiscalización, así como también los demás programas de trabajo, incluyendo lo relativo a los informes de resultados de las cuentas públicas que revisará y presentará en los términos de esta ley;

f).- Requerir a las entidades sujetas de fiscalización, la información contable y financiera que sea necesaria para cumplir con los objetivos de la Auditoría;

g).- Previa solicitud de los interesados, firmar los finiquitos de las cuentas públicas aprobadas y expedir a las entidades sujetas de fiscalización, la constancia respectiva;

h).- Designar a los notificadores, visitadores o auditores que deban practicar notificaciones, visitas de inspección, arqueo de fondos y auditorías, a las entidades a que se refiere la fracción XII del artículo 5 de esta ley, para lo cual podrá contratar despachos externos, asesorías o servicios de terceros;

i).- Celebrar convenios de coordinación o colaboración con los poderes del Estado y gobiernos municipales, así como entidades de fiscalización superior de otras entidades federativas y con la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de cumplir con su tarea de fiscalización;

j).- Promover directamente las acciones ante las autoridades competentes, por las irregularidades de las que estime existan responsabilidad y, en su caso, fincar a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes;

k).- Presentar el presupuesto anual de egresos, el programa anual de auditoría y la cuenta pública de la Auditoría, a la Comisión;

l).- Coordinarse con las unidades de control interno de las entidades sujetas de fiscalización, a fin de optimizar recursos y hacer eficientes sus programas para otorgarle a ésta las facilidades necesarias que le permitan realizar sus funciones;

m).- Dar crédito, a su juicio, a los dictámenes de los Contralores y Comisarios de las entidades sujetas de fiscalización, así como también, de los contadores públicos y auditores externos, mediante la evaluación de sus programas y papeles de trabajo de la revisión practicada;

n).- Llevar un registro de todos los despachos de contadores públicos y auditores externos que presten sus servicios a las entidades sujetas de fiscalización y a la propia Auditoría;

ñ).- Otorgar a servidores públicos de la Auditoría poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de administración con todas las facultades, aun las que requieran poder especial conforme a la ley. El mandamiento podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades;

o).- Certificar los documentos que se encuentren en poder de la Auditoría;

p).- Nombrar y remover a los servidores públicos de la Auditoría;

q).- Expedir y actualizar los manuales de organización, guías e instructivos que contengan las políticas, normas técnicas, métodos y procedimientos administrativos de revisión, análisis, inspección y auditorías así como las normas de ética profesional, a las que han de sujetarse los servidores públicos de la Auditoría.

Así mismo expedir los lineamientos técnicos que deberán observar los contadores públicos independientes contratados para revisar y emitir su opinión sobre los estados financieros que obliga la Ley General a las entidades sujetas de fiscalización y de la propia Auditoría;

r).- Imponer las sanciones que correspondan en los términos de esta ley así como señalar las que procedan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas y la Ley General;

s).-Resolver el recurso de revocación previsto en esta ley; y

t).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y demás disposiciones legales.

II.- Son atribuciones de los Auditores Especiales:

a).- Dirigir y operar las actividades relacionadas con la revisión de la cuenta pública y elaborar los análisis temáticos que sirvan de insumos para la preparación del informe de resultados;

b).- Requerir a las entidades sujetas de fiscalización y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, la información y documentación que sea necesaria para realizar la función de fiscalización;

c).- Ordenar y realizar auditorías, y visitas de inspecciones a las entidades sujetas de fiscalización conforme al programa aprobado por el Auditor;

d).- Fijar los plazos que no excederán de treinta días naturales para que los titulares de las entidades sujetas de fiscalización presenten sus solventaciones, aclaraciones, información, documentación o comentarios, respecto de las observaciones o recomendaciones realizadas por la Auditoría;

e).- Designar a los notificadores, inspectores, visitadores o auditores encargados de practicar las notificaciones, visitas, inspecciones y auditorías a su cargo;

f).- Recabar e integrar la documentación necesaria para ejecutar las acciones legales que procedan como resultado de las irregularidades que se detecten en las revisiones, auditorias o visitas que se realicen;

g).- Formular las recomendaciones y los pliegos de observaciones que deriven de los resultados de su revisión y de las auditorías, visitas e inspecciones, las que remitirá a las entidades sujetas de fiscalización;

h).- En los casos y términos procedentes, formular y notificar a las entidades sujetas de fiscalización, el resultado preliminar de la revisión y tomar en consideración las justificaciones y aclaraciones que estos hagan, para la elaboración final del informe de resultados;

i).- Formular y presentar al Auditor para su aprobación, el proyecto de informe de resultados de la revisión de la cuenta pública, así como de los demás documentos que se le indique;

j).- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones; y

k).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y otras disposiciones legales y las que le instruya el Auditor.

Apartado B

El Auditor y los Auditores Especiales durante el ejercicio de su encargo tendrán prohibido:

a).- Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos y partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista o de candidatos en forma independiente a cargos de elección popular;

b).- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia; y

c).- Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines que establezca la ley.

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del Secretario Técnico y de los Directores:

I.- Del Secretario Técnico:

a).- Mantener una comunicación permanente con el Auditor Superior, los Auditores Especiales y Directores;

b).- Recabar de los Auditores Especiales y de los Directores la información necesaria para elaborar el programa anual de auditoría, las actividades de la Auditoría y someterlos a consideración del Auditor;

c).- Llevar un registro y control sobre las cuentas públicas dictaminadas por el Pleno Legislativo; y

d).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y las que le instruya el Auditor.

II.- Del Director de Asuntos Jurídicos:

a).- Asesorar en materia jurídica al Auditor y a los Auditores Especiales, así como actuar como su órgano de consulta;

b).- Actuar por acuerdo del Auditor, en representación de la Auditoría con poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y las especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley en términos del artículo 1890 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas; por lo que podrá presentar y contestar todo tipo de demandas, denuncias y querellas ante toda autoridad judicial o administrativa sean estas estatales o federales, promover amparos y actuar en defensa de los intereses jurídicos de la propia Auditoría;

c).- Coadyuvar con el Auditor y Auditores Especiales, en la revisión de la fundamentación legal de correspondencia o documentos que se requieran;

d).- Desahogar consultas de carácter jurídico y fijar la interpretación que en el ámbito de la Auditoría pueda darse a la legislación vigente, estableciendo los criterios para su aplicación;

e).- Emitir opinión, cuando en la revisión y auditorías que se practiquen a las entidades sujetas de fiscalización, se adviertan conductas que puedan ser constitutivas de delito;

f).- Elaborar las denuncias correspondientes, cuando en el ejercicio de sus atribuciones, la Auditoría encuentre irregularidades que puedan constituir delito;

g).- Analizar y proponer al Auditor el inicio del procedimiento de responsabilidades e indemnizaciones, de conformidad con esta y otras leyes aplicables;

h).- Instruir el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades en contra de los servidores públicos de las entidades sujetas de fiscalización, o de la Auditoría, en su caso, cuando incurran en las responsabilidades que señala el Capítulo Séptimo de esta ley;

i).- Mantener actualizado el acervo normativo;

j).- Desempeñar las comisiones y, en su caso, participar en las auditorías, visitas e inspecciones que el Auditor le encomiende y mantenerlo informado oportunamente sobre el desarrollo de dichas actividades; y

k).-Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y las que le instruya el Auditor.

III.- Del Director de Administración y Finanzas:

a).- Administrar los recursos humanos, financieros, y materiales de la Auditoría de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la rijan y de acuerdo con las políticas que emita el Auditor;

b).- Proveer los servicios que en general se requieran para el debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la propia Auditoría;

c).- Preparar el anteproyecto de presupuesto anual, ejercer y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta pública de la Auditoría, así como mantener el sistema de contabilidad conforme a la Ley General;

d).- Apegarse a las disposiciones normativas aplicables, respecto a la adquisición o baja de los bienes muebles, inmuebles y servicios, celebrando los contratos que permitan suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas para su debido funcionamiento; y

e).-Las demás que le señale el Auditor y las disposiciones normativas aplicables.

IV.- Del Director de Control y Evaluación:

a).- Acordar con el Auditor, el despacho de los asuntos de su competencia y de las demás actividades que le sean encomendadas;

b).- Mantener una permanente comunicación con el Auditor, Auditores Especiales, el Secretario Técnico y Directores;

c).- Elaborar y someter a consideración del Auditor con la debida anticipación, el programa anual de actividades de su competencia, llevando un control sobre su avance y resultados;

d).- Revisar y verificar que todas las actividades que se desarrollan en las áreas que conforman la estructura orgánica de la Auditoría, se realicen de acuerdo y en apego estricto a las políticas, su normatividad y procedimientos establecidos;

e).- Analizar y evaluar que todas las actividades que se desarrollan en el cumplimiento del objeto de la Auditoría se realicen con eficacia, eficiencia y calidad; y

f).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y las que le instruya el Auditor.

V.- Del Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información:

a).- Acordar con el Auditor, el despacho de los asuntos de su competencia y de las demás actividades que le sean encomendadas;

b).- Mantener una permanente comunicación con el Auditor, Auditores Especiales, el Secretario Técnico y Directores;

c).- Elaborar y someter a consideración del Auditor con la debida anticipación, el programa anual de actividades de su competencia, llevando un control sobre su avance y resultados;

d).- Desarrollar los sistemas y aplicaciones de informática que se requieran con la autorización del Auditor;

e).- Implementar los sistemas de información automatizados y participar en la capacitación del personal para el manejo de los equipos y operación de los programas;

f).- Proponer para la autorización del Auditor las normas y políticas en materia de informática y comunicación; y

g).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y las que le instruya el Auditor.

VI.- Del Titular de la Unidad de Capacitación:

a).- Acordar con el Auditor, el despacho de los asuntos de su competencia y de las demás actividades que le sean delegadas;

b).- Preparar y presentar al Auditor para su aprobación el programa anual de capacitación;

c).- Solicitar a los Auditores Especiales la información necesaria para preparar el programa de capacitación externa;

d).- Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento del programa anual de capacitación;

e).- Planear, programar e implementar los cursos de capacitación a todo el personal de la Auditoría, así como los dirigidos a las entidades sujetas de fiscalización; y

f).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y las demás que le instruya el Auditor.

VII.- Del Titular de la Contraloría Interna:

a).- Acordar con el Auditor, el despacho de los asuntos de su competencia y de las demás actividades que le sean encomendadas;

b).- Mantener una permanente comunicación con el Auditor, Auditores Especiales, el Secretario Técnico y Directores;

c).- Elaborar y someter a consideración del Auditor con la debida anticipación, el programa anual de actividades de su competencia, llevando un control sobre su avance y resultados;

d).- Vigilar que los sistemas de control interno establecidos en la Auditoría operen eficientemente;

e).- Revisar la documentación justificativa y comprobatoria del ingreso y del gasto de la Auditoría, conforme a la normatividad establecida en cada materia;

f).- Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoría, que puedan constituir responsabilidades administrativas, a que se refieren la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas;

g).- Intervenir en todas las licitaciones públicas y concursos que se efectúen para adjudicar los contratos que celebre la Auditoría, para efecto de su valoración;

h).- Intervenir en los actos de entrega-recepción de las unidades administrativas de la Auditoría;

i).- Vigilar el cumplimiento de la normatividad determinado por la Ley General;

j).- Supervisar que el desempeño y actuación de los servidores públicos de la Auditoría se apeguen a la presente ley, al Reglamento Interior, al Código de Ética, y demás legislación aplicable;

k).- Realizar revisiones administrativas y operacionales a las Auditorías Especiales y Direcciones con fines preventivos, informando al Auditor sobre los resultados obtenidos;

l).- Atender y dar trámite a las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos de la Auditoría; y

m).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y le instruya el Auditor.

VIII. Del Titular de la Unidad de Gestión de Calidad:

a).- Coordinar la aplicación del sistema de gestión de calidad en el desarrollo de la Auditoría; y

b).- Las demás que se desprendan de la presente ley, su reglamento y le instruya el Auditor.

ARTÍCULO 19.- Las atribuciones del resto del personal, se precisarán en el reglamento de la presente ley.

CAPÍTULO TERCERO

DE SU OBJETIVO Y FUNCIONES

ARTÍCULO 20.- La Auditoría, tiene por objeto revisar las cuentas públicas presentadas por las entidades sujetas de fiscalización en los términos del artículo 34 de ésta ley.

La revisión se realizará mediante las pruebas selectivas que determine la Auditoría y comprenderá la comprobación del ejercicio de las partidas de ingresos y egresos, asimismo incluirá una revisión legal y contable de dichas partidas, cuidando que estén debidamente justificadas y comprobadas; así mismo verificará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en la Ley General y normatividad aplicable.

La fiscalización que realice la Auditoría se realizará de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de revisión interna que practiquen las entidades sujetas de fiscalización.

En cualquier caso la función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios constitucionales de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y de acuerdo a las normas establecidas en  la Ley General.

ARTÍCULO 21.- La revisión y fiscalización de la cuenta pública tienen por objeto determinar:

I.- Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;

II.- Si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, se ajustan o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

III.- Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, eficacia y economía de los mismos con base en los indicadores aprobados en los presupuestos de egresos;

IV.- Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

V.- En forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, el resultado de la gestión financiera de las entidades sujetas de fiscalización;

VI.- Si las entidades sujetas de fiscalización cumplen con la normatividad en materia de la transparencia y difusión  de la información financiera establecida en la Ley General;

VII.- Si la recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, a través de cualquier acto jurídico que las entidades sujetas de fiscalización celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público, se ajustan a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios en contra del Estado en su hacienda pública o al patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización;

VIII.- Establecer las responsabilidades a que haya lugar mediante la imposición de multas y sanciones resarcitorias;

IX.- Que la administración y el ejercicio de los recursos públicos de las entidades sujetas de fiscalización, observen los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

X.- Verificar que las entidades sujetas de fiscalización, que en su caso, hubieran realizado la contratación de endeudamiento, la afectación de sus ingresos o su patrimonio durante el ejercicio fiscal que se revisa haya cumplido con las disposiciones legales correspondientes; y

XI.- La evaluación de los esquemas bursátiles y coberturas financieras de los entes públicos, cuando proceda.

ARTÍCULO 22.- La Auditoría, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la cuenta pública correspondiente en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas.

Las observaciones, acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoría emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.

ARTÍCULO 23.- Las entidades sujetas de fiscalización, con excepción de los Ayuntamientos y Poderes, a través de sus respectivas unidades administrativas responsables del ejercicio presupuestal, presentarán directamente a la Auditoría dentro de los primeros quince días naturales del mes siguiente al trimestre que corresponda, informes trimestrales sobre su gestión financiera, que servirán para la planeación de la revisión a la cuenta pública, debiendo sujetarse a los formatos, instructivos y documentación que determine la Auditoría.

El incumplimiento de esta disposición dará motivo a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley.

ARTÍCULO 24.- Los Ayuntamientos presentarán a la Auditoría dentro de los quince días naturales siguientes del mes que corresponda, los estados financieros y cortes de caja mensuales en los términos de lo previsto en los artículos 55 fracción XI y 60 fracción V, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que servirán para la planeación de la revisión a la cuenta pública.

El incumplimiento de esta disposición dará motivo a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley.

ARTÍCULO 25.- La Auditoría elaborará el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

I.- Los datos de identificación de la entidad fiscalizada, así como del ejercicio fiscal a que se refiere y los nombres de los servidores públicos responsables, de la emisión y presentación de la información revisada, de acuerdo a su propia normativa;

II.- El apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, así como de la satisfacción de las necesidades correspondientes, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía;

III.- El cumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental;

IV.- Los resultados de la gestión financiera;

V.- La comprobación de que las entidades sujetas de fiscalización, se ajustaron a lo dispuesto en sus respectivas Leyes de Ingresos, Presupuesto de Egresos, así como en las demás normas aplicables en la materia;

VI.- En su caso, el señalamiento de las desviaciones presupuestarias;

VII.- El número de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y en su caso, de la imposición de multas, y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas; y

VIII.- Conclusiones.

El Auditor suscribirá el informe de resultados señalando su opinión y determinará si la misma resulta ser positiva, negativa, o en su caso, motivar las causas por las que se abstenga de opinar.

Cuando exista denuncia sobre conductas que puedan constituir irregularidades en la aplicación de recursos por parte de los servidores públicos de las entidades sujetas de fiscalización, el informe de resultados deberá contener el resultado de la investigación que en lo particular practique la Auditoría, motivando las causas de procedencia o improcedencia de la misma.

Si de la investigación resultan irregularidades que causaron daño o perjuicio al patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización, la Auditoría ejercerá las acciones y fincará las responsabilidades que procedan.

ARTÍCULO 26.- La Auditoría presentará, a más tardar el treinta de noviembre, a la Comisión, los informes de resultados de las cuentas públicas que revise, conforme al programa anual de auditoría.

El Congreso deberá concluir la revisión de las cuentas públicas a más tardar el quince de diciembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis  de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe de resultados que emita la Auditoría, sin demérito de que el trámite de observaciones, recomendaciones o acciones promovidas por la Auditoría,  seguirá su curso en términos de lo dispuesto por la Constitución y esta ley.

ARTÍCULO 27.- El Auditor, una vez rendidos los informes de resultados a la Comisión, y con independencia de las actuaciones, promociones y procedimientos iniciados a que se refiere el artículo anterior, enviará a las entidades sujetas de fiscalización a más tardar a los diez días hábiles posteriores de su entrega al Congreso, tanto el informe de resultados como las recomendaciones correspondientes.

Las entidades sujetas de fiscalización, dentro de un plazo no mayor a  treinta días hábiles, presentarán la información  necesaria y realizarán las  consideraciones que estimen pertinentes, comunicándoles que en caso de que no lo hagan  se harán acreedores a las sanciones en los términos del artículo 60 de esta ley, además de promover las acciones legales que correspondan.

Tratándose de recomendaciones al desempeño, las entidades sujetas de fiscalización deberán precisar ante la Auditoría las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar de manera indubitable su improcedencia o las razones por las que no resulta factible su implementación.

La Auditoría dentro de los ciento veinte días hábiles posteriores a las respuestas que reciba de las entidades sujetas de fiscalización, deberá pronunciarse sobre las mismas y en caso de no hacerlo, se entenderá que las recomendaciones y acciones promovidas han sido atendidas.

En caso de ser omisa la entidad sujeta de fiscalización en el cumplimiento, la Auditoría podrá aplicar a los responsables una multa en los términos previstos en esta ley.

ARTÍCULO 28.- La Auditoría  entregará al Congreso sendos informes sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, el día 1 de mayo y el día 1 de noviembre de cada año.

ARTÍCULO 29.- La Auditoría podrá coordinarse con los poderes del Estado y los municipios a través de los órganos correspondientes, a fin  de agilizar el proceso de fiscalización.

ARTÍCULO 30.- La Auditoría deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones, salvo que se trate de solicitud de información formulada por la Comisión o autoridad judicial, de procuración de justicia, o de tribunales laborales en el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ARCHIVO CONTABLE

ARTÍCULO 31.- La Auditoría, para revisar la cuenta pública de las entidades sujetas de fiscalización determinará  las normas, procedimientos, métodos y sistemas de auditoría, que considere aplicables, así como para seleccionar las muestras revisables con relación a las pruebas selectivas y el alcance de las mismas.

ARTÍCULO 32.- Para la revisión de la cuenta pública los entidades sujetas de fiscalización estarán obligadas a proporcionar a la Auditoría dentro de los plazos que esta señale y en el lugar establecido por la misma los archivos contables.

El archivo contable, lo constituye el conjunto de la documentación original, consistente en libros de contabilidad, registros contables, libros y registros sociales, documentos de contabilización o de afectaciones contables, justificativas y comprobatorias del ingreso, gasto público, patrimonio y control presupuestal.

Forman parte de este archivo la información generada por el sistema de contabilidad, expedientes de cierre, catálogos de cuentas, instructivos de manejo de cuentas, guías de contabilización y cualquier otro instructivo de contabilidad, así como la información grabada en disco óptico y la microfilmada; en caso de operar sistemas electrónicos de contabilidad los diseños, diagramas, manuales y la información necesaria para su operación.

Se incluyen también las copias de documentos de pagos de contribuciones y depósitos bancarios, dispersiones y transferencias electrónicas, los estados de cuentas bancarias y de inversiones financieras, así como los documentos emitidos por la dependencia o entidad que suplan documentos originales como facturas y avisos de cargo o débito que hayan sido entregados en original.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 33.- Para los efectos de esta ley, la cuenta pública estará constituida como mínimo:

I.- Información contable, que incluya: el estado de situación financiera; el estado de actividades, el estado de variación en la hacienda pública; estado de cambios en la situación financiera; informes sobre pasivos contingentes; notas a los estados financieros; estado analítico del activo; estado analítico de la deuda y otros pasivos referidos a corto y largo plazo; fuentes de financiamiento y por acreedor;

II.- Información presupuestaria, que incluya: estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto; un estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos que contemple aspectos: administrativos; económicos y por objeto del gasto y funcional– programático; y un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal;

III.- Información programática, que incluya el gasto por categoría programática; los programas y proyectos de inversión y los indicadores de resultados;

 

IV.- Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:

a).- Ingresos presupuestarios;

b).- Gastos presupuestarios;

c).- Postura Fiscal; y

d).- Deuda pública;

V.- El programa de obra pública, con la especificación de tipo de obra, contrato, monto, origen del recurso, ubicación, procedimiento de adjudicación, plazo de ejecución, ejecutor.

La Auditoría en cumplimiento de su objetivo podrá solicitar a través de circulares, oficios o de los medios electrónicos que considere pertinentes, información adicional.

ARTÍCULO 34.- La cuenta pública de las entidades sujetas de fiscalización, serán de carácter anual y se presentará a más tardar el último día de abril del año siguiente que corresponda.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la cuenta pública del Poder Ejecutivo, cuando medie solicitud del gobernador, suficientemente justificada a juicio del Congreso, previa comparecencia del titular de la Dependencia competente, pero la prórroga no deberá exceder de treinta días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría contará, con el mismo tiempo adicional para presentar el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública.

Todas las cuentas públicas se remitirán al Congreso del Estado y este las turnará a la Auditoría, por conducto de la Comisión, cuando el Congreso esté en período ordinario de sesiones o por medio de la Diputación Permanente, cuando se encuentre en período de receso.

ARTÍCULO 35.- La cuenta pública deberá ser suscrita por los representantes legales de las entidades sujetas de fiscalización y por los responsables del manejo de los recursos públicos.

En el caso de los gobiernos municipales, por el presidente municipal, el tesorero y el síndico encargado de vigilar que se cumpla con esta obligación.

Respecto de las entidades señaladas en el artículo 5, fracción XII incisos a), c), d) y e), en los términos de su propia normatividad.

ARTÍCULO 36.- Cuando la gestión administrativa del titular de la entidad sujeta de fiscalización obligada a presentar cuenta pública, concluya antes de que termine el ejercicio fiscal, dicho titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.

Los servidores públicos en funciones al momento de elaborar y rendir la cuenta pública, serán los responsables de signarla y presentarla en los términos de esta ley.

ARTÍCULO 37.- Las entidades sujetas de fiscalización del Poder Ejecutivo a que se refieren los incisos c) y d) del artículo 5 fracción XII de esta ley, que reciban o administren fondos o valores del sector público estatal deberán remitir su cuenta pública a la Secretaría, a más tardar en el último día del mes de abril del año siguiente al que corresponda. Por conducto de la Secretaría se remitirán las cuentas públicas de dichas entidades al Congreso, dentro de los plazos previstos en el artículo 34 de esta ley.

ARTÍCULO 38.- Una vez que el Pleno del Congreso del Estado, haya aprobado la cuenta pública de una entidad sujeta de fiscalización y publicado el decreto correspondiente en Periódico Oficial y previa solicitud de la parte interesada, el Auditor podrá expedir el finiquito correspondiente, el cual produce el efecto de extinguir las cauciones otorgadas por los servidores públicos para el manejo de fondos o valores, en los términos del artículo 158 de la Constitución.

ARTÍCULO 39.- Cuando el Pleno del Congreso califique una cuenta pública como negativa, con salvedades o recomendaciones, instruirá a la Auditoría para darle seguimiento hasta su solventación e incluirlo en la información que deberá rendir en las fechas señaladas en el artículo 28 de esta ley.

ARTÍCULO 40.- Si de la revisión y fiscalización de la cuenta pública, se detectaran  irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios a la hacienda pública o patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización, se señalarán en el informe de resultados a la Comisión. Ésta a su vez, lo reflejará en el dictamen respectivo que se presente a la consideración del Pleno del Congreso.

ARTÍCULO 41.- Cuando de la calificación de la cuenta pública de una entidad sujeta de fiscalización se desprendan irregularidades,  el Congreso instruirá a la Auditoría para:

I.- Determinar los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, según sea el caso;

II.- Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

III.- Promover las acciones y responsabilidades a que se refiere la Constitución; y

IV.- Presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar, así como coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos de investigación y judiciales correspondientes.

ARTÍCULO 42.- La Auditoría podrá emitir el informe de resultados de una cuenta pública, de la misma entidad sujeta de fiscalización aun cuando se encuentre pendiente de dictaminarse otra anterior.

ARTÍCULO 43.- Las entidades sujetas de fiscalización pondrán a disposición de la Auditoría cuando así se les requiera, la información y documentación comprobatoria relativa a la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, en la que se hayan invertido recursos públicos, que sean competencia de la Auditoría su revisión, a efecto de contar con los elementos necesarios para la fiscalización.

La Auditoría tendrá facultades para requerir a los titulares de las unidades de control interno de las entidades sujetas de fiscalización y a los auditores externos que, en su caso, contraten, para efecto de conocer los dictámenes de auditoría o de las revisiones realizadas, así como sus papeles de trabajo.

ARTÍCULO 44.- La Auditoría, establecerá reglas técnicas de carácter general para depurar la documentación que obre en sus archivos después de cinco años, contados a partir de la fecha del decreto de calificación de la cuenta pública respectiva.

Una vez transcurrido el término que señala el párrafo anterior se dará aviso a la entidad fiscalizada a través de oficio, que la documentación relacionada con su cuenta pública está a su disposición y que cuentan con un término de treinta días naturales contados a partir del aviso, para que dispongan de ella, de lo contrario será destruida a su costa, conforme a las reglas que determine la propia Auditoría.

La documentación de naturaleza distinta a la relacionada con la revisión de la cuenta pública de las entidades sujetas de fiscalización, podrá destruirse por la Auditoría después de cinco años de su emisión, siempre que ésta no afecte el reconocimiento de los derechos de los trabajadores al servicio de la Auditoría.

La Auditoría conservará en su poder y bajo reserva las cuentas públicas y los informes de resultados mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las presuntas irregularidades que, en su caso, pudieran derivarse de las operaciones objeto de revisión, así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión.

ARTÍCULO 45.- Los servidores públicos de la Auditoría y de las entidades sujetas de fiscalización, así como los prestadores de servicios que contrate, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad, sobre las actuaciones, observaciones e información de que tengan conocimiento excepto en los casos en que sea requerido por alguna autoridad competente. La violación a esta disposición se sancionará en los términos que dispongan esta ley y demás leyes del Estado.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

ARTÍCULO 46.- La Auditoría para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta ley, posee las más amplias atribuciones para:

I.- Revisar los libros y documentos comprobatorios;

II.- Realizar compulsas con terceros contratados por las entidades sujetas de fiscalización;

III.- Practicar auditorías, visitas e inspecciones necesarias para cumplir con sus funciones; y

IV.- Las demás actividades y procedimientos que considere necesarios para la fiscalización.

ARTÍCULO 47.- El proceso de fiscalización, tendrá entre otros objetivos, verificar, revisar y comprobar:

I.- Si las operaciones se efectuaron correctamente, y si los estados financieros se presentaron en tiempo oportuno en forma veraz, de acuerdo con la Ley General y demás disposiciones normativas aplicables;

II.- Si las entidades sujetas de fiscalización auditadas cumplieron en la recaudación de los ingresos, los presupuestos de egresos correspondientes y con las demás disposiciones aplicables en la materia;

III.- Si las entidades sujetas de fiscalización alcanzaron con eficiencia los objetivos de los programas aprobados; y

IV.- Si las inversiones y gastos autorizados a las entidades sujetas de fiscalización y personas físicas o morales fueron aplicados en forma correcta, así como verificar las obras, bienes adquiridos o servicios contratados.

Para lo anterior podrá la Auditoría solicitar, en su caso, a los auditores externos contratados por las entidades sujetas de fiscalización, original o copia de los informes o dictámenes de las auditorías y revisiones practicadas a las mismas y la documentación que los origine.

Así mismo, las unidades de control interno de las entidades sujetas de fiscalización deberán colaborar con la Auditoría, y otorgarán las facilidades que permitan a ésta realizar sus funciones, para lo cual deberán proporcionar la documentación que les solicite sobre los resultados de la fiscalización que efectúe, y cualquier otra que les requiera en el ejercicio de sus atribuciones.

ARTÍCULO 48.- Para la práctica de las actuaciones a que se refiere la presente ley, el Auditor remitirá oficio a la entidad sujeta de fiscalización, para iniciar los trabajos correspondientes, acreditando a los auditores responsables de la revisión.

ARTÍCULO 49.- Las auditorías, visitas e inspecciones que se efectúen en los términos de esta ley, se practicarán por el personal expresamente comisionado para el efecto, por la Auditoría o mediante la contratación directa de despachos o profesionales de auditoría independientes, habilitados por la misma para efectuar visitas o inspecciones, siempre y cuando no exista conflicto de intereses.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior actuarán como representantes de la Auditoría en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante de dicha Auditoría.

Lo anterior, con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje información en materia de seguridad pública, las cuales serán realizadas directamente por la Auditoría.

ARTÍCULO 50.- La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones se sujetará a lo siguiente:

l.- Iniciará con la entrega al titular o representante legal de la entidad sujeta de fiscalización del oficio debidamente firmado que contenga la orden respectiva emitida por el Auditor o Auditores Especiales, que deberá contener:

a).- El nombre o denominación de la entidad sujeta de fiscalización y el lugar o lugares en que deba practicarse;

b).- Nombre de las personas que las practicarán, las cuales podrán en número ser sustituidas, aumentadas o reducidas en cualquier tiempo por el Auditor o Auditores Especiales, notificándose a la entidad sujeta de fiscalización; y

c).- El objeto y alcance que deban tener, el ejercicio o período presupuestal a que se refieran y las disposiciones legales que las fundamenten.

ll.- Si al presentarse las personas que deban de practicarlas en el domicilio señalado en la orden, el titular o representante legal de la entidad sujeta de fiscalización no se encontrara, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en el lugar, para que las esperen a hora determinada del día hábil siguiente, para recibir la mencionada orden de visita; si no lo hiciera, se iniciará con quien se encuentre en el lugar citado, siempre que se acredite como servidor público de la entidad sujeta de fiscalización.

ARTÍCULO 51.- Durante sus actuaciones los representantes de la Auditoría deberán levantar actas circunstanciadas donde harán constar:

a).- El nombre o denominación de la entidad sujeta de fiscalización;

b).- Hora, día, mes y año en que se inicie y cierre el acta;

c).- Lugar en que se levanta el acta;

d).- Número y fecha del oficio que contiene la orden de visita respectiva y la autoridad que lo emite;

e).- Nombre del titular o representante legal o del servidor público de la entidad sujeta de fiscalización con quien se entiendan y los documentos con los que se identificó;

f).- Nombre y documentos con que se identificaron las personas designadas o habilitadas para atender la auditoría y personas que fungieron como testigos; y

g).- Documentación e información que fue solicitada a la entidad sujeta de fiscalización y la que fue entregada por esta al personal que las practique.

A juicio de las personas que las practiquen, el levantamiento del acta podrá suspenderse y reanudarse tantas veces como sea necesario. El acta será firmada por los que en ella intervengan y se dejará un tanto de la misma a la persona con quien se entienda la diligencia;

Con las mismas formalidades a que se refiere este artículo, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de lo que se tenga conocimiento en el desarrollo de las mismas o que se conozcan de terceros;

Si al concluir el levantamiento de un acta, las personas con quienes se entienda la diligencia se negaran a firmarlas, esta circunstancia se asentará en la propia acta, sin que afecte su validez y valor probatorio dándose por concluidas. La Auditoría deberá concluir la visita e inspección en un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se notifique su inicio a la entidad sujeta de fiscalización.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse hasta por un periodo igual por una sola ocasión, mediante escrito fundado y motivado que se notifique a la entidad sujeta de fiscalización.

Las actas, así como las declaraciones o hechos en ellas contenidos, harán prueba plena en términos de ley, salvo prueba en contrario.

ARTÍCULO 52.- Las entidades sujetas de fiscalización y los terceros que hubieran contratado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título con estas, están obligadas a proporcionar a la Auditoría la información y documentación que les solicite; así también a permitir la práctica de visitas, inspecciones y auditorías.

Cuando de cualquier forma se nieguen u obstaculicen los trabajos de fiscalización, quienes practiquen la diligencia, lo harán constar en el acta respectiva, para los efectos legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 53.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos públicos, deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos y procedimientos establecidos en esta ley, y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.

Cuando los servidores públicos o los particulares no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, se procederá conforme se establece en los Capítulos Séptimo y Octavo de la presente ley.

ARTÍCULO 54.- Al término de la revisión de las cuentas públicas, a las entidades sujetas de fiscalización les será notificado por parte de la Auditoría, el pliego de observaciones, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

Las entidades sujetas de fiscalización dispondrán de quince días hábiles para formular las justificaciones, los comentarios, solventaciones o aclaraciones que procedan, las cuales podrán ser consideradas para la elaboración del informe de resultados.

El pliego de observaciones se notificará a los representantes legales en funciones en el momento de emitir el mismo.

ARTÍCULO 55.- Una vez que la Auditoría valore las justificaciones, aclaraciones y demás información, podrá dar por solventadas las observaciones notificadas a las entidades sujetas de fiscalización, para efectos de la elaboración del informe de resultados.

Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, se procederá a lo siguiente:

a).- Se determinarán los daños y perjuicios a la hacienda pública o patrimonio con base en medios probatorios que permitan presumir el manejo, aplicación o custodia irregulares de recursos públicos. La Auditoría notificará a las entidades sujetas de fiscalización esta determinación en los pliegos de responsabilidades;

b).- Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación deberá requerirse a los presuntos infractores, para que cubran el monto de los daños y perjuicios en cantidad líquida, y en caso de negarse, se dará inicio al procedimiento resarcitorio. Sobre estas actuaciones, las entidades fiscalizadas dejarán constancia por escrito misma que remitirán a la Auditoría al día siguiente de su realización; y

c).- En caso de no existir daños y perjuicios a la hacienda pública o patrimonio, pero sin observancia de la normatividad aplicable se hará del conocimiento al órgano de control respectivo.

ARTÍCULO 56.- Para los efectos de la fiscalización de recursos federales que ejerzan las entidades sujetas de fiscalización, la Auditoría podrá celebrar convenios de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación para que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, revise a través de un programa de auditorías la aplicación, ejercicio y destino de los recursos.

ARTÍCULO 57.- Sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales y derivado de alguna denuncia, la Auditoría podrá requerir al sujeto fiscalizado que proceda a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rinda un informe en un plazo no mayor de quince días naturales.

En el informe describirá la procedencia o improcedencia de la denuncia, así como sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto a los servidores públicos involucrados o de los procedimientos sancionatorios iniciados.

Si transcurrido el plazo señalado, la entidad sujeta de fiscalización, no presenta el informe solicitado, se procederá conforme se establece en los Capítulos Séptimo y Octavo de la presente ley.

La Auditoría rendirá un informe específico al Congreso y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante la autoridad competente.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LOS SUJETOS RESPONSABLES Y DE LAS INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 58.- Para los efectos de esta ley incurren en responsabilidad:

I.- Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que impidan u obstaculicen de cualquier forma las funciones de la Auditoría o que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda pública;

II.- Los servidores públicos de las entidades sujetas de fiscalización que:

a).- No presenten la cuenta pública;

b).- Los que presenten la cuenta pública fuera de los plazos establecidos en esta ley;

 

c).- Los que no presenten la cuenta pública en los términos de esta ley y la Ley General;

d).- Los que presenten la cuenta pública en forma incompleta o sin ajustarse a los formatos autorizados para ese efecto;

e).-Los que no proporcionen la información o documentación requerida por la Auditoría en el ejercicio de sus funciones; o

f).-Los que no rindan los informes acerca de la solventación de los pliegos de observaciones formulados y remitidos por la Auditoría.

III.- Los servidores públicos de la Auditoría, cuando al revisar la cuenta pública no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten;

IV.- Las personas físicas o morales que no proporcionen en la forma y plazo que se les solicite la información derivada de las operaciones que hubieren celebrado con las entidades sujetas de fiscalización;

V.- Los servidores públicos de las entidades sujetas de fiscalización, que no remitan en los plazos establecidos la información que les sea solicitada, para el sistema de evaluación de desempeño, los informes de avance de gestión financiera o la información complementaria a la Auditoría, con motivo de la revisión de la cuenta pública;

VI.- Los servidores públicos que al rendir la cuenta pública presenten discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados;

VII.- Los servidores públicos que habiendo recibido de la Auditoría los informes de resultados y las recomendaciones que correspondan, no den contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, presentando la información necesaria y las consideraciones que estimen pertinentes; o

VIII.- Los casos a que se refieren los artículos 30, 60 y 61 de esta ley.

ARTÍCULO 59.- Los que no remitan la cuenta pública a la Secretaría en los términos del artículo 37 de esta ley. En este caso será la Secretaría la obligada a sancionar el incumplimiento.

ARTÍCULO 60.- La falta de presentación de la cuenta pública dentro del plazo legal, así como la falta de documentación comprobatoria y justificatoria de las operaciones realizadas, en el ejercicio fiscal de que se trate, dará lugar a que la Auditoría presuntivamente en base a los ingresos que se estime haya percibido, determine el importe de los daños y perjuicios generados a la hacienda pública o patrimonio de la entidad sujeta de fiscalización y en consecuencia fincar a los responsables las indemnizaciones correspondientes.

Así también denunciar aquellas conductas que tipifique el Código Penal vigente en el Estado de Tamaulipas y que haga presumir la comisión de delitos cometidos por servidores públicos de las entidades que manejen recursos públicos.

ARTÍCULO 61.- La Auditoría, con base en las responsabilidades que se determinen conforme al procedimiento previsto en esta ley, fincará directamente a los responsables las indemnizaciones correspondientes, a fin de resarcir a las entidades sujetas de fiscalización, el monto de los daños y perjuicios cuantificables en dinero que se hayan causado.

Cuando no se cause daño a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades sujetas de fiscalización, de acuerdo con lo señalado en el artículo 58 de esta ley, la sanción que se imponga consistirá en multa de cuatrocientos a mil doscientos días del salario mínimo vigente en la capital de Estado, al momento en que se incurrió la falta o incumplimiento, para lo cual deberá tomarse en cuenta la gravedad de la infracción y el nivel jerárquico que ostente.

Si el infractor es reincidente, se hará constar en la determinación esta circunstancia, y la multa impuesta podrá incrementarse hasta un tanto más, el monto de su importe.

Las indemnizaciones se fincarán independientemente de aquellas que sean objeto de otras leyes y de las sanciones pecuniarias correspondientes.

ARTÍCULO 62.- Las responsabilidades se fincarán en primer término a los servidores públicos o particulares que directamente hayan ejecutado los actos o incurrido en las omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente, en orden jerárquico al servidor público que, por índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia.

CAPÍTULO OCTAVO

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 63.- La determinación de las responsabilidades y el fincamiento de indemnizaciones y sanciones se sujetarán al procedimiento siguiente:

I.- Se citará personalmente a una audiencia al presunto o presuntos responsables, haciéndole saber de los hechos que se le imputan y comparezca en el lugar, día y hora que se señale para llevar a cabo la audiencia.

Se informará al citado de su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la audiencia lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor; apercibido de que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo.

A la audiencia podrá asistir el representante de la entidad que para tal efecto designe.

II.- En caso de que el presunto responsable ofreciere pruebas documentales en la audiencia, se le recibirán y se valorarán en la resolución que se emita; si son notablemente improcedentes por no tener relación directa e inmediata con los hechos que se imputan, se desecharán en el mismo acto con el debido fundamento y motivación.

Si se tratase de otro tipo de pruebas, la autoridad reservará su calificación y acordará lo conducente en un término no mayor de cinco días hábiles.

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Auditoría resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad y determinará la indemnización exigible, multa o ambas sanciones, según proceda.

Se notificará a los responsables y a la entidad, remitiendo una copia por escrito del mismo a la Secretaría, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación, éste no es cubierto, se haga efectivo en términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

La indemnización invariablemente deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, y se actualizará para efectos de su pago, de acuerdo a lo previsto por el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas.

La Auditoría podrá solicitar a la Secretaría proceda al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto de garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinada en cantidad líquida el monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva.

El presunto o presuntos responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las garantías que establece el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, a satisfacción de la Auditoría.

ARTÍCULO 64.- Las indemnizaciones o sanciones a que se refiere la presente ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, y deberán hacerse efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

ARTÍCULO 65.- Las entidades sujetas de fiscalización, por conducto de los titulares de las áreas correspondientes deberán informar a la Auditoría como ésta disponga, de los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto de lo recuperado.

La Secretaría entregará mensualmente a la Auditoría el monto de lo recaudado por concepto de multas, lo cual será destinado para el mejor funcionamiento de la misma.

ARTÍCULO 66.- El Auditor, bajo su más estricta responsabilidad, podrá abstenerse de sancionar al infractor,   siempre que se trate de un hecho que no revista gravedad ni constituya delito, considerando los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado.

ARTÍCULO 67.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento, así como en el ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de los medios de prueba, trámite y determinación de responsabilidad, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y, en su defecto, del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas.

CAPÍTULO NOVENO

DE LA PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 68.- Las facultades de la Auditoría para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere esta ley, prescribirán en cinco años.

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

En todos los casos, la prescripción a que alude este artículo se interrumpirá al notificarse el inicio del procedimiento de responsabilidad establecido en esta ley.

ARTÍCULO 69.- Cualquier gestión de cobro que realice la autoridad competente al responsable, o trámite que realice la Auditoría tendiente a impulsar el procedimiento administrativo de ejecución, interrumpirá la prescripción la que empezará nuevamente a computarse a partir de dicha gestión o trámite.

ARTÍCULO 70.- La responsabilidad de carácter político, civil, administrativo o penal que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.

CAPÍTULO DÉCIMO

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN

ARTÍCULO 71.- Las sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría conforme a esta ley, a excepción del informe de resultados, podrán ser impugnados por las entidades sujetas de fiscalización y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas o por los particulares, personas físicas o morales que resulten afectadas, ante la propia Auditoría, mediante el recurso de revocación o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal del Estado.

El recurso de revocación se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la sanción o la resolución recurrida o de ambos.

ARTÍCULO 72.- La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las disposiciones siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito presentado ante el Auditor, el que contendrá:

a).- La mención de la autoridad administrativa que emitió el acto impugnado;

b).- El nombre y firma autógrafa del recurrente;

c).- El domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para recibirlas;

d).- El acto que se recurre, señalando la fecha en que se le notificó y los agravios que le causa a la entidad sujeta de fiscalización;

e).- En su caso, a los servidores públicos, o a la persona física o moral que resulte afectada;

f).- La sanción o resolución impugnada, debiendo acompañar copia de ésta y de la constancia de

notificación respectiva; y

g).- Las pruebas documentales que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con la sanción o resolución recurrida.

No será admitida la gestión de negocios, por lo que la representación de las entidades sujetas de fiscalización,  los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, los particulares,  las personas físicas o morales afectadas, se hará mediante escritura pública firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante, aceptante y testigos ante notario público.

La persona autorizada podrá presentar, ofrecer y rendir pruebas, instancias y promociones dentro del procedimiento administrativo relacionado con estos propósitos, acreditando la representación a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción inicial.

II.- Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este artículo para la presentación del recurso de revocación, la Auditoría prevendrá por una sola vez al inconforme para que, en un plazo de cinco días naturales, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en su presentación.

Una vez desahogada la prevención, la Auditoría, en un plazo que no excederá de quince días naturales, acordará sobre la admisión o el desechamiento del recurso.

En este último caso, cuando se ubique en los siguientes supuestos:

a).- Se presente fuera del plazo señalado;

b).- El acto no sea definitivo;

c).- El escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente;

d).- No acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior;

e).- Los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente;

f).- No se exprese agravio alguno; o

g).- Si se encuentra en trámite ante los Tribunales del fuero común algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la resolución o sanción recurrida.

III.- La Auditoría al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales y supervinientes ofrecidas, desechará de plano las que no fueren ofrecidas conforme a derecho, las que no tengan relación directa con los hechos controvertidos y las que sean contrarias a la moral o al derecho.

La Auditoría no admitirá la solicitud del recurrente para recabar documentos ofrecidos como prueba, que obren en otros archivos o expedientes donde legalmente aquel pueda solicitarlos; y

IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Auditoría examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes, a partir de que declare cerrada la etapa de pruebas, notificando dicha resolución al recurrente dentro de los veinte días naturales siguientes a su emisión.

El recurrente podrá desistirse expresamente del recurso antes de que se emita la resolución respectiva, en este caso, la Auditoría lo sobreseerá sin mayor trámite.

ARTÍCULO 73.- La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la sanción o la resolución impugnada.

ARTÍCULO 74.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la sanción o resolución recurrida, siempre y cuando el recurrente garantice en cualquiera de las formas establecidas por el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, el pago de la sanción correspondiente.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN

ARTÍCULO 75.- Es improcedente el recurso de revocación cuando se haga valer contra actos administrativos:

I.- Que no afecten el interés jurídico del recurrente;

II.- Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento de éstos o de sentencias;

III.- Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas;

IV.- Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el hecho de no haberse promovido el recurso en el plazo señalado al efecto; o

V.- Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente.

ARTÍCULO 76.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:

I.- Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso;

II.- Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 75 de esta ley;

III.- Cuando de las constancias que obren en el expediente administrativo, quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnado; o

IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnado.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la vigencia de esta ley, se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto número 610 del 12 de diciembre de 2001 y publicada en el anexo del Periódico Oficial del Estado número 154 de fecha 25 de diciembre del mismo año.

ARTÍCULO TERCERO.- Las auditorías y procedimientos que se encuentren en trámite al momento en que entre en vigor la presente ley, tendrán plena validez y efecto, conforme a la ley que se abroga y se concluirán conforme a la misma.

ARTÍCULO CUARTO. El Titular de la Auditoría Superior del Estado, contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley para expedir las disposiciones reglamentarias de la misma, en el ámbito de su competencia.

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 13 de septiembre del año 2013.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- GRISELDA CARRILLO REYES.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ROLANDO GONZÁLEZ TEJEDA.- Rúbrica.”

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil trece.

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMAS, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE LEY.

1. ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXII-213, DEL 13 DE MARZO DE 2014 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 41, DEL 3 DE ABRIL DE 2014.

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

LEY  DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

Decreto No. LXI-908, del 13 de septiembre de 2013.

Anexo al P.O. No. 116, del 25 de septiembre de 2013.

En su artículo segundo transitorio establece  que a partir de la vigencia de esta ley, se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, expedida mediante Decreto número 610 del 12 de diciembre de 2001 y publicada en el anexo del Periódico Oficial del Estado número 154 de fecha 25 de diciembre del mismo año

R  E  F  O  R  M  A  S :

1.- Decreto No. LXII-213, del 13 de marzo de 2014. P.O. No. 41, del 3 de abril de 2014.

Se reforma el párrafo 2 del artículo 15 y el inciso a) del Apartado B del artículo 17.

 

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