Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas

Documento de consulta

Última reforma aplicada P.O. 15 de mayo de 2013.

El CIUDADANO DOCTOR EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:

Que el Honorable Congreso del Estado se ha servido expedir el siguiente

DECRETO No. 10

Por medio del cual se expide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.

EL QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, en nombre del Pueblo que representa y haciendo uso de las facultades que le concede el Artículo 58, fracción I, de la Constitución Política local, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que a iniciativa del ciudadano licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación de las Legislaturas de los Estados, el Honorable Congreso de la Unión reformó el título IV de la Constitución General de la República, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 28 de diciembre de 1982.

SEGUNDO.- Que habiéndose decretado por esa Soberanía, con fecha 29 de diciembre del año pasado, las reformas al Título XI de la Constitución Política local, a efecto de adecuarlo a las mencionadas en el considerando anterior, estableciéndose las obligaciones de los servidores públicos, sus sanciones, procedimientos y autoridades competentes para aplicarlas, resulta menester reglamentarlo mediante la Ley respectiva… y

Estimando justificado lo anterior, se expide

DECRETO No. 10

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria en lo conducente, del Título Once de la Constitución Política local, y establece:

I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público Estatal y Municipal;

II.- Las obligaciones en dicho servicio público;

III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en tal servicio público, así como las que se deban resolver mediante juicio político;

IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones;

V.- Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero y,

VI.- El registro del patrimonio de los servidores públicos del Estado y de los municipios.

ARTÍCULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 149 de la Constitución Política local, así como todas las personas que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales.

La actuación de los integrantes de las instituciones policiales se regirá por los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, sin demérito de las demás disposiciones legales de la materia.

ARTÍCULO 3o.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:

I.- El Congreso del Estado;

II.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

III.- La Contraloría Gubernamental,

IV.- La Procuraduría General de Justicia;

V.- Las dependencias del Ejecutivo Estatal;

VI.- Los Ayuntamientos;

VII.- El Tribunal Fiscal del Estado;

VIII.- Los Tribunales del Trabajo en los términos de sus respectivas Legislaciones;

IX.- Los demás órganos autorizados por las Leyes.

ARTÍCULO 4o.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere el Artículo 150 de la Constitución Política local, se desarrollarán autónomamente, según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo anterior turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO LOCAL EN MATERIA DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE ENJUICIAMIENTO PENAL.

CAPÍTULO I

SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLÍTICO Y SANCIONES.

ARTÍCULO 5o.- En los términos del primer párrafo del Artículo 151 de la Constitución Política local, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en el mismo se mencionan.

ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I.- El ataque a las instituciones democráticas;

II.- El ataque a la forma de gobierno establecida por la Constitución del Estado;

III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV.- El ataque a la libertad de sufragio;

V.- La usurpación de atribuciones;

VI.- Cualquier infracción a la Constitución local cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios municipios del mismo, o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de las Administraciones Publicas Estatal o Municipal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos Estatales o Municipales.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

ARTÍCULO 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta cinco años.

CAPÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLÍTICO.

ARTÍCULO 9o.- El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

ARTÍCULO 10.- Corresponde al Congreso local instruir el procedimiento relativo al juicio político, actuando como Organo de Acusación y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado fungir como Jurado de Sentencia.

ARTÍCULO 11.- Al integrarse en el Congreso local las comisiones para el despacho de los asuntos, se designará por la presidencia una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en la Ley de Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.

La Comisión a que hace referencia el párrafo anterior, se compondrá de siete diputados que formarán la sección instructora.

Las vacantes que ocurran serán cubiertas por designación de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 12.- Cualquier ciudadano, bajo su mas estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito, denuncia al Congreso local, por las conductas a que se refiere el Artículo 7o. de este Ordenamiento. Presentada la denuncia y ratificada dentro de tres días hábiles, se turnará de inmediato, con la documentación que le acompañe, a una comisión del Congreso, que estará integrada por los Presidentes de las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia para que dictaminen:

A).- Si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos.

B).- Si el inculpado esta comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el Artículo 2.

C).- Si la denuncia es procedente y, por lo tanto, amerita y justifica el inicio de un juicio político.

En el caso de que estos tres requisitos se llenen, pasará el asunto a la Sección Instructora del Congreso.

ARTÍCULO 13.- Dentro de los tres días naturales siguientes a la recepción de la denuncia, la Sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá comparecer o informar por escrito, dentro del término que discrecionalmente fije la Instructora, el cual no será menor de 7 ni mayor de 30 días naturales. Dicho término principiará a correr al día siguiente del emplazamiento.

ARTÍCULO 14.- La Sección Instructora abrirá un período de prueba de 7 a 30 días naturales, dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia Sección estime necesarias.

Si al concluir el plazo señalado no hubiere sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora podrá ampliar el período probatorio en la medida que resulte estrictamente necesario.

En todo caso, la Sección Instructora calificará la pertinencia de las pruebas, desechándose las que a su juicio sean improcedentes.

ARTÍCULO 15.- Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante, por un plazo de tres días hábiles, y por otros tantos al servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los seis días hábiles siguientes a la conclusión del plazo concedido al denunciado.

ARTÍCULO 16.- Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado estos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento.

ARTÍCULO 17.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento.

Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:

I.- Que esta legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;

II.- Que existe probable responsabilidad en el encausado;

III.- La sanción que deba imponerse de acuerdo con el Artículo 8o. de esta Ley, y

IV.- Que se envíe la declaración correspondiente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.

De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos.

ARTÍCULO 18.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, la Sección Instructora las entregará al Presidente del Congreso, quien anunciará que dicho órgano legislativo debe reunirse y resolver sobre la imputación dentro de los tres días naturales siguientes, lo que se hará saber al denunciante y al servidor público denunciado, para que aquél se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que alegue lo que a su derecho convenga. Las notificaciones se efectuarán por los Secretarios del Congreso.

ARTÍCULO 19.- La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a la Presidencia del Congreso conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de noventa días naturales, contado desde el día siguiente a la fecha en que se haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar del Congreso que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo no excederá de 30 días.

Los plazos a que se refiere este artículo, se entienden comprendidos dentro del período ordinario de sesiones del Congreso, o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se convoque.

ARTÍCULO 20.- El día señalado conforme al Artículo 18, el Congreso local se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su Presidente. Enseguida la Secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de ésta, así como a las conclusiones de la Sección Instructora. Acto contínuo se concederá la palabra al denunciante y en seguida al servidor público o a su defensor, o a ambos, si alguno de estos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos.

El denunciante podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término.

Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora.

ARTÍCULO 21.- Si el Congreso resolviere que procede acusar al servidor público, se remitirá la acusación al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, designándose una comisión de tres Diputados para que sostengan aquella ante el Tribunal. Si el Congreso resolviere no acusar, se dará por concluido el expediente.

ARTÍCULO 22.- Recibida la acusación por la Presidencia del Tribunal, ésta la turnará al pleno para que designe a tres Magistrados que funcionarán como Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor para que presenten por escrito las pruebas y alegatos que estimen pertinentes, dentro de los diez días hábiles siguientes al emplazamiento.

ARTÍCULO 23.- Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos o sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público o si es de absolverse, con expresión de los motivos y fundamentos legales.

La Sección de Enjuiciamiento podrá escuchar directamente a la Comisión de Diputados, que sostienen la acusación y al acusado y a su defensor, si así lo estima conveniente, o si lo solicitan los interesados. Asimismo, la Sección podrá disponer la practica de otras diligencias que considere necesarias para integrar sus propias conclusiones.

Emitidas las conclusiones, la Sección las entregará a la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia.

ARTÍCULO 24.- Recibidas las conclusiones por la Secretaría del Tribunal, su Presidente anunciará que debe erigirse éste en Jurado de Sentencia dentro de un plazo no menor de 72 horas siguientes a la entrega de dichas conclusiones, procediendo la Secretaría a citar a la Comisión a que se refiere el Artículo 21 de esta Ley, al acusado y a su defensor. El expediente y sus conclusiones quedarán en la Secretaría para consulta de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia.

A la hora señalada para la audiencia, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declarará a éste erigido en Jurado de Sentencia y procederá de conformidad con las siguientes normas:

1.- La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento.

2.- Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados, al servidor público o a su defensor, o a ambos.

3.- Concluido lo anterior, el Presidente declarará un receso, después del cual el Supremo Tribunal, en sesión secreta, procederá a discutir y a votar las conclusiones, y aprobados que sean los puntos de acuerdo que en ellas se contengan, el Presidente hará la Declaratoria que corresponda. Si hubiere motivo justificado para rechazar las conclusiones, el Supremo Tribunal de Justicia gozará de las más amplias facultades para dictar la resolución respectiva.

Si la resolución es absolutoria, el servidor público enjuiciado continuará en el ejercicio de su función. En caso contrario, la resolución decretará la destitución del cargo y el período de inhabilitación, en su caso, para el ejercicio de la función pública.

CAPÍTULO III

DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE ENJUICIAMIENTO PENAL

ARTÍCULO 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares y a requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el Artículo 152 de la Constitución Política local, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capitulo anterior en materia de juicio político ante el Congreso local. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato al Congreso para que éste resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de redundar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.

La Sección deberá rendir su dictamen en un plazo no mayor de noventa días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.

ARTÍCULO 26.- Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente del Congreso anunciará a éste que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante y al Ministerio Público, en su caso.

ARTÍCULO 27.- El día designado previa declaración del Presidente del Congreso, éste conocerá en asamblea del dictamen que la Sección le presente y actuará en los mismos términos previstos por el Artículo 20 en materia de juicio político, instalándose como Jurado de Procedencia.

ARTÍCULO 28.- Si el Congreso declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción del Tribunal competente. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Por lo que toca al Gobernador del Estado, solo habrá lugar a acusarlo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en los términos del párrafo cuarto del Artículo 152 de la Constitución Política local. En este supuesto, el Tribunal resolverá por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, con base en la legislación penal aplicable.

ARTÍCULO 29.- Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el Artículo 152 de la Constitución Política local sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, la Presidencia del Congreso o la Permanente, en su caso, librará oficio al Juez o Tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPÍTULOS II Y III DEL TÍTULO SEGUNDO

ARTÍCULO 30.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia son inatacables.

ARTÍCULO 31.- El Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia enviarán por riguroso turno a las Secciones las denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten, en su caso.

ARTÍCULO 32.- En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los capítulos segundo y tercero de este Título.

ARTÍCULO 33.- Cuando alguna de las Secciones, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en sentido negativo.

La Sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del denunciado, solicitando al Supremo Tribunal de Justicia encomiende al Juez de Primera Instancia que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia del Congreso o del Supremo Tribunal de Justicia, por medio de despacho firmado por el Presidente y el Secretario de la Sección, al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes. La Sección se comunicará por oficio al Supremo Tribunal de Justicia.

El Juez practicará las diligencias que se le encomienden, con estricta sujeción a las determinaciones que le comunique el Supremo Tribunal de Justicia.

Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere éste artículo, se notificarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto.

ARTÍCULO 34.- Los miembros de las Secciones y en general los diputados y magistrados que hayan de intervenir en algún acto de procedimiento, deberán excusarse o podrán ser recusados por alguna de las causas de impedimento que señala el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Unicamente con expresión de causa podrá el inculpado recusar a los miembros de la Sección Instructora que conozcan de la imputación presentada en su contra, o a magistrados que deban participar en actos del procedimiento.

El propio servidor público solo podrá hacer valer la recusación desde que se le requiera para el nombramiento de defensor hasta la fecha en que se cite al Congreso o al Supremo Tribunal de Justicia para que actúen colegiadamente, en sus respectivos casos.

ARTÍCULO 35.- Presentada la excusa o la recusación se calificará dentro de los tres días naturales siguientes en un incidente que se substanciará ante la Sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa o recusación de integrantes de ambas secciones se llamará a los suplentes. En el incidente se escuchará al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes. El Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia calificarán en los demás casos de excusa o recusación.

ARTÍCULO 36.- Tanto el inculpado como el denunciante o querellante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como pruebas ante la Sección respectiva, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia.

Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo hicieren, la Sección, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia, a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.

Por su parte, la Sección, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia solicitarán las copias certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien la solicitasen no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior.

ARTÍCULO 37.- Las Secciones, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia podrán solicitar por sí o a instancia de los interesados, los documentos o expedientes originales ya concluidos, y la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento se aplicará la corrección dispuesta en el artículo anterior.

Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y expedientes mencionados deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia, pudiendo dejarse copia certificada de las constancias que las Secciones, el Congreso o el Supremo Tribunal de Justicia estimen pertinentes.

ARTÍCULO 38.- El Congreso no podrá erigirse en órgano de acusación ni el Tribunal Superior en Jurado de Sentencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el querellante y el Ministerio Público han sido debidamente citados.

ARTÍCULO 39.- No podrán votar en ningún caso los Diputados o Magistrados que hubiesen presentado la denuncia contra el servidor público o hayan aceptado el cargo de defensor, aun cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercer el cargo.

ARTÍCULO 40.- En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo para la discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las secciones y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento.

ARTÍCULO 41.- En el juicio político al que se refiere esta Ley, los acuerdos y determinaciones del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia se tomarán en sesión publica, excepto en la que se presente la acusación, en la que se dicte sentencia, o cuando las buenas costumbres o el interés general exijan que la audiencia sea secreta.

ARTÍCULO 42.- Cuando en el curso del procedimiento a un servidor público de los mencionados en los Artículos 151 y 152 de la Constitución local, se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos procurando, de ser posible, la acumulación procesal.

Si la acumulación fuese procedente, la Sección formulará en un solo documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.

ARTÍCULO 43.- Las Secciones, el Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia podrán disponer las medidas de apercibimiento que fueren procedentes, mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva.

ARTÍCULO 44.- Las declaraciones o resoluciones definitivas del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia con arreglo a esta Ley, se comunicarán al Cuerpo Colegiado a que pertenezca el acusado, salvo que fuera miembro del órgano resolutor; y al Ejecutivo para su conocimiento, efectos legales y su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En lo que se refiere al Gobernador, Diputados locales y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a quienes se le hubiere atribuido la comisión de delitos federales, una vez recibidas por el Congreso local las declaratorias que al efecto emitan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, procederá a declarar si procede la homologación de dichas declaratorias y consecuentemente el retiro de la protección que la propia Constitución del Estado otorga a tales servidores públicos a fin de ser enjuiciados como legalmente hubiere lugar.

ARTÍCULO 45.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del Estado. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal de la propia Entidad.

TÍTULO TERCERO

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

SUJETOS DE RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO.

ARTÍCULO 46.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos a que se refiere el Artículo 2o. de ésta Ley.

ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:

I.- Cumplir con la máxima diligencia, el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso para su función, exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas;

V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;

VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba;

IX.- Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le designó, o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones, a menos que por alguna disposición legal esté obligado a no separarse hasta en tanto sea sustituido;

X.- Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por mas de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo u otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba;

XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios , como son aquellos de los que puedan resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

XIV.- Informar por escrito al Jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación o resolución cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender recibir beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorga por el desempeño de su función, ya sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;

XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII.

Cuando al ingresar el servidor público a la función de que se trate, ya se encontrare en el servicio público el familiar comprendido dentro de la restricción. En este caso el impedimento existe solamente para efectos de que en todo lo relacionado con los asuntos derivados del ejercicio público del familiar, el funcionario de que se trate debe excusarse de intervenir en cualquier forma respecto del mismo.

XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial, en los términos que señala la Ley;

XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de su superior jerárquico en relación con las solicitudes que haga la Contraloría Gubernamental, conforme a la competencia de ésta.

XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a que se refieren las fracciones de este Artículo, y en los términos de las normas que al efecto se expidan.

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la Contraloría Gubernamental, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subordinado interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Contraloría, el subordinado podrá practicarla directamente informando a su superior acerca de este acto;

XXI.- Cumplir con cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;

XXII.- Responder las recomendaciones que le presente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y, en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir determinada recomendación deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en los términos de lo dispuesto por el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas;

XXIII.- Atender a los llamados del Congreso del Estado para comparecer a explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en términos de lo dispuesto por el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; y

XXIV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 48.- Para los efectos de esta Ley, por Contraloría se entenderá la dependencia de la administración pública del Estado denominada Contraloría Gubernamental.

Para los mismos efectos se entenderá por superior jerárquico al titular de cada dependencia y, en el caso de las entidades de la administración pública del Estado, al Secretario o Director General del sector correspondiente, el cual aplicará las sanciones cuya imposición se hará a través del órgano de control interno de su dependencia.

CAPÍTULO II

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS PARA APLICARLAS.

ARTÍCULO 49.- En las dependencias y entidades de la Administración Pública, se establecerán unidades especificas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

La Contraloría Gubernamental establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

ARTÍCULO 50.- La Contraloría Gubernamental, el superior jerárquico y todos los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso.

Incurren en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y denuncias, o que con motivo de ello realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida, que lesione los intereses de quienes las formulen o presenten.

ARTÍCULO 51.- En el caso de los servidores del Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 47, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo propio hará el Congreso local, conforme a la legislación respectiva; y por lo que se refiere a los Ayuntamientos se estará a lo dispuesto en el Código Municipal.

Por cuanto hace a los servidores públicos del área de seguridad pública, ya sea del Estado o de sus municipios, se regirán por sus disposiciones legales aplicables, sin demérito de aplicar de manera supletoria las previsiones de esta ley en lo que corresponda.

ARTÍCULO 52.- Los servidores públicos de la Contraloría Gubernamental que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 serán sancionados conforme al presente capítulo por el órgano interno de control de la propia Contraloría. El titular de dicho órgano será designado por el Gobernador del Estado y sólo será responsable administrativamente ante él y los acuerdos que le impongan sanciones serán refrendados en los términos del artículo 95 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO 53.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I.- Apercibimiento privado o público;

II.- Amonestación privada o pública;

III.- Suspensión;

IV.- Destitución del puesto;

V.- Sanción económica;

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de uno a cinco años, si el monto de aquéllos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado, y de cinco a diez años si excede de dicho límite.

ARTÍCULO 54.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;

II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;

IV.- Las condiciones y los medios de ejecución;

V.- La antigüedad en el servicio;

VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones.

ARTÍCULO 55.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 47, se fijarán en dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados; en caso de no cubrirse al momento de su determinación, el monto de la sanción se aumentará proporcionalmente a los incrementos del salario mínimo desde la fecha en que se fijó la sanción hasta la del momento del pago.

Por salario mínimo se entenderá el que rija en la Capital del Estado.

ARTÍCULO 56.- Para la aplicación de las sanciones que hace referencia el artículo 53 se observarán las siguientes reglas:

I.- El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables por el superior jerárquico;

II.- La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas;

III.- La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el período al que se refiere la fracción I y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán por el superior jerárquico;

IV.- La Contraloría promoverá los procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y III, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de éste, cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la propia Contraloría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico;

V.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será aplicable por resolución jurisdiccional, que dictará el órgano que corresponda según las leyes aplicables; y

VI.- Las sanciones económicas serán aplicadas por el superior jerárquico cuando no excedan de un monto equivalente a cien veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, y por la Contraloría cuando sean superiores a esa cantidad.

ARTÍCULO 57.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito a la Contraloría interna de su dependencia los hechos que, a su juicio, sean causa interna de responsabilidad administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su dirección, informando al titular de la propia dependencia.

La Contraloría interna de la dependencia determinará si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y aplicará, por acuerdo del superior jerárquico, las sanciones disciplinarias correspondientes.

En lo que respecta a las entidades, la denuncia a que se refiere el primer párrafo de este artículo, será recibida por las Contralorías Internas de la Secretaría o de la Dirección General del Sector correspondiente.

El superior jerárquico enviará a la Contraloría Gubernamental copia de las denuncias cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, dicha dependencia deba conocer el caso o participar en las investigaciones.

ARTÍCULO 58.- La Contraloría Gubernamental aplicará las sanciones correspondientes a los contralores internos de las dependencias, cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

ARTÍCULO 59.- Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos de las contralorías internas que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por esta Ley. La Contraloría Gubernamental informará de ello al titular de la dependencia y aplicará las sanciones correspondientes.

ARTÍCULO 60.- La Contraloría Interna de cada dependencia será competente a imponer sanciones disciplinarias, excepto las económicas cuyo monto sea superior a cien veces de salario mínimo diario en la capital del Estado, las cuales están reservadas exclusivamente a la Contraloría Gubernamental, misma que comunicará los resultados del procedimiento al titular de la dependencia o entidad. En este último caso, el órgano de control interno de que se trate, previo informe al superior jerárquico, turnará el asunto a dicha dependencia de la administración pública del Estado.

ARTÍCULO 61.- Si el órgano de control interno de la dependencia tuviera conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, dará vista de ellos a la Contraloría Gubernamental y a la autoridad competente para conocer el ilícito, previa comunicación al titular de la dependencia respectiva.

ARTÍCULO 62.- Si de las investigaciones y auditorias que realice la Contraloría Gubernamental apareciera responsabilidad de los servidores públicos, ésta informará al titular y al órgano de control interno de la dependencia correspondiente, para que esta última proceda a la investigación y sanción disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de responsabilidades mayores cuyo conocimiento sólo compete a la propia Contraloría Gubernamental, ésta se abocará directamente al asunto, informando de ello al titular de la dependencia y al órgano de control interno de la misma para que participe o coadyuve en el procedimiento de determinación de responsabilidades.

ARTÍCULO 63.- En los ámbitos de sus respectivas competencias, la dependencia y la Contraloría Gubernamental, podrán abstenerse de sancionar al infractor por una sola vez, cuando lo estimen pertinente y mediante la justificación de la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, el daño causado no exceda de cien veces al salario mínimo diario vigente en la capital del Estado y lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor.

ARTÍCULO 64.- La Contraloría Gubernamental impondrá las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que se verificará dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor.

También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que para tal efecto se designe.

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles.

II.- Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, la Contraloría resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o la imposición de las sanciones correspondientes al infractor, y notificará la resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes al interesado o a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al superior jerárquico;

III.- Si en la audiencia la Contraloría encuentra que no cuenta con los elementos suficientes para resolver o advierte elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y

IV.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se refiere la fracción I del presente artículo, la Contraloría podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, previo acuerdo con el superior jerárquico respectivo, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la Contraloría Gubernamental hará constar expresamente esa salvedad.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior hará cesar provisionalmente los efectos del nombramiento, cargo o comisión y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la propia Contraloría, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad de los servidores públicos.

Si los servidores públicos suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir durante el tiempo en que se hallaron suspendidos.

Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para dicha suspensión, si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización del Congreso, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de este en los términos de la Constitución Política local.

ARTÍCULO 65.- En los procedimientos que se sigan para la investigación y aplicación de sanciones ante las contralorías internas de las dependencias, se observarán en todo cuanto sea aplicable las reglas contenidas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 66.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad.

ARTÍCULO 67.- El titular de la dependencia o entidad podrá designar un representante que participe en las diligencias. Se dará vista de todas las actuaciones a la dependencia o entidad en la que el presunto responsable presta sus servicios.

ARTÍCULO 68.- Las resoluciones y acuerdos de la Contraloría Gubernamental y de las dependencias durante el procedimiento al que se refiere este capítulo se harán constar por escrito, y se asentarán en el registro respectivo, que comprenderá las acciones correspondientes a los procedimientos disciplinarios y a las sanciones impuestas, entre ellas, en todo caso, las de inhabilitación.

ARTÍCULO 69.- La Contraloría Gubernamental expedirá constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación para su exhibición, para los efectos pertinentes, por las personas que sean requeridas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

ARTÍCULO 70.- Los sujetos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Fiscal del Estado las resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere este capítulo en los términos que fija el Código Fiscal. Las resoluciones anulatorias dictadas por ese Tribunal, que absuelvan al servidor público, tendrán el efecto de restituirlo en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. Si el Tribunal encuentra violaciones formales u ordena dictar nueva resolución a la contraloría o al superior jerárquico, se procederá en los términos del Artículo 257 del Código Fiscal.

Si revisado el expediente el Tribunal encuentra infundados los agravios lo declarará así y su resolución será irrevocable.

ARTÍCULO 71.- Las resoluciones que dicte el superior jerárquico, en las que imponga sanciones administrativas, podrán ser impugnados por el servidor público ante la propia autoridad, mediante recurso de revocación, que se interpondrá dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas que considere necesario rendir;

II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución.

Las pruebas admitidas se desahogarán en un plazo de cinco días, que a solicitud del servidor público o de la autoridad podrá ampliarse una sola vez por cinco días más; y

III.- Concluido el período probatorio, el superior jerárquico emitirá resolución en el acto, o dentro de los tres días siguientes, notificándolo al interesado.

ARTÍCULO 72.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:

I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal del Estado; y

II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:

A).- Que se admita el recurso;

B).- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra del recurrente; y

C).- Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicio al interés social o al servicio público.

ARTÍCULO 73.- El servidor público afectado por las resoluciones administrativas de la Contraloría Gubernamental podrá optar entre interponer ante la misma el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Fiscal del Estado.

ARTÍCULO 74.- La resolución que se dicte en el recurso de revocación será también impugnable ante el Tribunal Fiscal del Estado en los términos del Código Fiscal.

ARTÍCULO 75.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución al interesado y al superior jerárquico y se consideran de orden público.

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se sujetarán a lo previsto en la Ley correspondiente.

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Estatal o Municipal en su caso; se harán efectivas mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables a esta materia, pero no gozarán de prelación.

ARTÍCULO 76.- Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la presente Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al interesado dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, separación o inhabilitación.

ARTÍCULO 77.- Para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta Ley, la Contraloría Gubernamental podrá emplear los siguientes medios de apremio:

I.- Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente en Ciudad Victoria;

II.- Auxilio de la fuerza publica.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

ARTÍCULO 78.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría Gubernamental para imponer las sanciones que prevé esta ley, se sujetarán a lo siguiente:

I.- Prescribirán en un año las responsabilidades cuando el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero;

II.- Prescribirán en dos años las responsabilidades cuando el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, y no se trate de los supuestos previstos en la siguiente fracción; y

III.- Prescribirán en tres años las responsabilidades consideradas como graves. Se estiman como graves las responsabilidades administrativas que sean equiparables a las conductas previstas en el Título Octavo, Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Código Penal para el Estado, excepto los supuestos señalados en los artículos 217 fracción I, 219 fracción I, 221 fracción I y 223 fracción I de ese ordenamiento. También se consideran como graves las responsabilidades equiparables a las conductas previstas en el Título Noveno, Capítulo Único, de dicho ordenamiento.

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que hubiere ocurrido en la causa de responsabilidad, o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO I

REGISTRO DEL PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ARTÍCULO 79.- El registro de la situación patrimonial de los servidores públicos se llevará de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables y, según la competencia, estará a cargo de:

I.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado;

II.- La Dirección de Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia, en términos de la fracción V del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado;

III.- La Contraloría Gubernamental para los servidores públicos adscritos a la esfera del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos; y

IV.- El Ejecutivo del Estado, en tratándose de los servidores públicos de confianza de la Contraloría Gubernamental.

ARTÍCULO 80.- Tienen obligación de presentar declaraciones inicial, actual y final de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad:

I.- En el Congreso del Estado: Diputados, Secretario General, el Titular de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros y Auditor Superior del Estado;

II.- En el Poder Judicial del Estado: Magistrados, Jueces, Secretarios de Acuerdos, Relatores y Actuarios;

III.- En el Poder Ejecutivo del Estado: Todos los funcionarios, desde el nivel de Subjefes de Departamentos hasta el Gobernador, además de los mencionados en las fracciones V, VI y VIII;

IV.- En los Ayuntamientos del Estado: Presidente Municipal, Regidores, Síndicos, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento, así como los que manejan inversiones publicas, además de los mencionados en la fracción siguiente;

V.- En la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal: Consejeros, Comisarios, Directores Generales, Gerentes Generales, Subdirectores generales, Subgerentes Generales, Directores, Gerentes, Subdirectores y Servidores Públicos, equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación mayoritarias, sociedades, asociaciones, fideicomisos, juntas y patronatos.

VI.- En la Procuraduría General de Justicia del Estado: Procurador, Subprocuradores, Directores, Subdirectores, Agentes del Ministerio Público y Policías Judiciales;

VII.- En los Tribunales Administrativos y del Trabajo, Magistrados, miembros de las Juntas y Tribunales de Arbitraje, así como sus Secretarios;

VIII.- En la Contraloría Gubernamental: Todos los servidores públicos de confianza.

Asimismo, deberán presentar las declaraciones referidas en este precepto los demás servidores públicos que acuerde el Ejecutivo del Estado en el ámbito de su competencia por conducto de la Contraloría Gubernamental o a la Procuraduría General de Justicia, mediante disposiciones generales motivadas y fundadas.

ARTÍCULO 81.- La declaración inicial de situación patrimonial deberá presentarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión y la declaración final dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del encargo; la declaración anual de situación patrimonial se presentará, a más tardar, en el mes de febrero de cada año.

Sin en el plazo de sesenta días a que se hace referencia no se hubiere presentado la declaración inicial sin causa justificada, quedará sin efecto el nombramiento respectivo, previa declaración del órgano a cargo de llevar el registro correspondiente.

ARTÍCULO 82.- La Contraloría Gubernamental expedirá las normas y los formatos bajo los cuales el servidor público deberá presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar.

Estas atribuciones serán ejercidas por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado en tratándose de la materia de su competencia.

ARTÍCULO 83.- En las declaraciones inicial y final de situación patrimonial se manifestarán los bienes inmuebles con fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones anuales se manifestarán las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de las adquisiciones realizadas; en todo caso se indicará el medio por el cual el bien ingresó al patrimonio del servidor público.

Tratándose de bienes inmuebles, la Contraloría Gubernamental o la Junta de Coordinación Política del Congreso, según corresponda, decidirán las características que deberá tener la declaración.

ARTÍCULO 84.- En el ámbito de su competencia y cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, previo acuerdo del Ejecutivo debidamente refrendado, la Contraloría Gubernamental podrá disponer mediante acuerdo fundado y motivado la práctica de visita de inspección y auditoría. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, dicha dependencia hará ante ésta la solicitud correspondiente.

ARTÍCULO 85.- El servidor público a quien se practique visita de inspección o auditoría, podrá interponer inconformidad ante la Contraloría Gubernamental contra los hechos contenidos en las actas, mediante escrito que deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de aquellas, en el que expresará los motivos de inconformidad y ofrecerá las pruebas que considere necesario acompañar o rendir dentro de los treinta días siguientes a la presentación del recurso.

Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por el servidor público y los testigos que para tal efecto designe. Si el servidor público o los testigos se negaren a firmar, el visitador lo hará constar, sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio que, en su caso, posea el documento.

ARTÍCULO 86.- Serán sancionados en los términos que disponga el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

ARTÍCULO 87.- Para los efectos de ésta Ley y el Código Penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

ARTÍCULO 88.- Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII del Artículo 47 y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses.

Para los efectos del párrafo anterior no se considerarán los que reciba el servidor público en una o mas ocasiones, de una misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente, durante un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, en el momento de su recepción.

En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos-valor, bienes inmuebles o sesiones de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad sobre bienes de cualquier clase.

Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en éste artículo, y serán sancionados en términos de la legislación penal.

ARTÍCULO 89.- Cuando los servidores públicos reciban obsequios, donativos o beneficios en general de los que se mencionan en el artículo anterior y cuyo monto sea superior al que en él se establece o sean de los estrictamente prohibidos, deberán informar de ello a las autoridades que la Contraloría Gubernamental o, en su caso, la Junta de Coordinación Política del Congreso, determinen, a fin de ponerlos a disposición. La autoridad competente llevará un registro de dichos bienes.

ARTÍCULO 90.- La Contraloría Gubernamental hará al Ministerio Público la declaratoria, en su caso, de que el funcionario sujeto a la investigación respectiva en los términos de la presente Ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio, de los bienes adquiridos o de aquellos sobre los que se conduce como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la Ley sobre Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados del Estado y Municipios de 7 de mayo de 1932; y todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley, pero independientemente de la misma, quedan preservados los derechos laborales de los trabajadores.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y la Legislatura local establecerán los órganos y sistemas a que hace referencia el Artículo 51 en un plazo no mayor de 6 meses.

ARTÍCULO TERCERO.- Por lo que se refiere a las declaraciones sobre situación patrimonial efectuadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, se estará a lo dispuesto en las normas vigentes en el momento de formularse dicha declaración y por cumplido éste requisito.

ARTÍCULO CUARTO.- La Presidencia del Congreso, dentro del término de 15 días, designará la comisión a que se refiere el Artículo 11 de la presente Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Los Poderes Legislativo y Judicial, en un plazo de 45 días, propondrán mediante el derecho de iniciativa que a los Diputados y Supremo Tribunal de Justicia confiere el Artículo 64 de la Constitución Política local, las reformas conducentes a sus Leyes Orgánicas.

ARTÍCULO SEXTO.- Los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, que conforme a otras disposiciones no la hubiesen presentado con anterioridad, tendrán un plazo de 60 días a partir de la vigencia de esta Ley para cumplir con dicho requisito.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Cuando el servidor público antes de la vigencia de la actual Ley de Responsabilidades hubiera intervenido directa o indirectamente en la designación o promoción de sus familiares dentro del área de su influencia y dicha situación continuare indefinidamente, en esta eventualidad, no existe impedimento legal, en razón del principio de la no retroactividad de las leyes.

ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Cd. Victoria, Tam., a 29 de febrero de 1984.- Diputado Presidente, LIC. TITO RESÉNDEZ TREVIÑO.- Diputado Secretario, LIC. MERCEDES DEL C. GUILLÉN V.-Diputado Secretario, JOSÉ GUADALUPE PUGA GARCÍA.- Rúbricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo; en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a primero de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Gobernador Constitucional del Estado, DR. EMILIO MARTÍNEZ MANAUTOU.- El Subsecretario General de Gobierno Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, LIC. JESÚS LAVÍN SANTOS DEL PRADO.- Rúbricas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMAS, A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE LEY.

1.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 175, DEL 29 DE MARZO DE 2000 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 32, DEL 19 DE ABRIL DE 2000.

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

2.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 9, DEL 13 DE FEBRERO DE 2002 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 25, DEL 26 DE FEBRERO DE 2002.

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan a los preceptos de este Decreto.

Artículo Tercero.- La presentación de la declaración inicial de situación patrimonial de los Diputados a la LVIII Legislatura del Estado y de sus funcionarios se hará ante la Gran Comisión dentro del plazo previsto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. En el supuesto de que ya se hubiere realizado ante la Contraloría Gubernamental, esta dependencia la remitirá a la Gran Comisión dentro de los siete días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

3.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 282, DEL 21 DE MAYO DE 2003 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 62, DEL 22 DE MAYO DE 2003.

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

4.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LIX-549, DEL 9 DE MAYO DE 2006 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 66, DEL 1 DE JUNIO DE 2006.

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

5.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LIX-563, DEL 8 DE AGOSTO DE 2006 Y PUBLICADO EN EL ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL No. 107, DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

6.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LX-1009, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 8, DEL 20 DE ENERO DE 2010.

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

7.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LX-1495, DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 150, DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El personal que se encuentre comprendido en el párrafo 9 del inciso g) del apartado A del artículo 4° de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas será objeto de los procesos de evaluación y control de confianza que determine el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Quienes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto tengan un nombramiento de base podrán solicitar su reubicación a un área no vinculada a la organización y funcionamiento de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Al personal que hubiere tenido nombramiento de base y continúe al servicio de las instituciones policiales y de procuración de justicia, les serán reconocidas su antigüedad y demás derechos generados para efectos de jubilación y pensión.

8.            ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO No. LXI-844, DEL 30 DE ABRIL DE 2013 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 59, DEL 15 DE MAYO DE 2013.

ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

Decreto No. 10, del 29 de febrero de 1984.

P.O. No. 18, del 3 de marzo de 1984.

R  E  F  O  R  M  A  S:

1.            Decreto No. 175, del 29 de marzo de 2000.

P.O. No. 32, del 19 de abril de 2000.

Se reforma el artículo 78.

2.            Decreto No. 9, del 13 de febrero de 2002.

P.O. No. 25, del 26 de febrero de 2002.

Se reforman los artículos 3°, fracción III; 47, fracciones XIX y XX, segundo párrafo; 48; 49, segundo párrafo; 50; 52; 56, fracciones IV y VI; 57, último párrafo; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64, primer párrafo y fracciones II, III y IV; 68; 69; 73; 77; 79; 80 primer párrafo; y fracciones I, VIII, y último párrafo; 81; 82; 83; 84; 85; 89, y 90.

3.            Decreto No. 282, del 21 de mayo de 2003.

P.O. No. 62, del 22 de mayo de 2003.

Se reforma el artículo 78.

4.            Decreto No. LIX-549, del 9 de mayo de 2006.

P.O. No. 66, del 1 de junio de 2006.

Se reforma la fracción I del artículo 79 y la fracción I del artículo 80.

FE DE ERRATAS:

a)                  P.O. No. 71, del 14 de junio de 2006.

Fe de Erratas al Decreto número LIX-549, publicado en el Periódico Oficial número 66, del 1 de junio de 2006.

5.            Decreto No. LIX- 563, del 8 de agosto de 2006.

Anexo al P.O. No.107, del 6 de septiembre de 2006.

Se reforman diversas disposiciones de la presente Ley, para adecuarla a la LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; publicada en el anexo al P.O. No. 152 del 21 de diciembre de 2004.

6.            Decreto No. LX-1009, del 14 de diciembre de 2009.

P.O. No. 8, del 20 de enero de 2010.

Se reforma el último párrafo del artículo 53.

7.            Decreto No. LX-1495, del 17 de noviembre de 2010.

P.O. No.150, del 16 de diciembre de 2010.

ARTÍCULO TERCERO.-Se adiciona un párrafo segundo al artículo 2º y un párrafo segundo al artículo 51.

8.            Decreto No. LXI-844, del 30 de abril de 2013.

P.O. No.59, del 15 de mayo de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones XXI y XXII y se adicionan las fracciones XXIII y XXIV del artículo 47.

 

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